La reciente sentencia del Tribunal Supremo que impone a los bancos la obligación de abonar el tributo de actos jurídicos documentados de las hipotecas, liberando de ello a los clientes, impactará en el precio de los préstamos si esta es ratificada por la alta magistratura el próximo día 5 de noviembre, según advirtieron ayer fuentes de las entidades financieras.
La banca esgrime que, en último caso, la responsabilidad de que el impuesto hipotecario haya recaído sobre los clientes y no sobre los prestamistas corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo, en la medida en que el sector, según esta versión, se limitó a aplicar un artículo de un reglamento, ahora invalidado por el Supremo, conforme al cual el sujeto pasivo del tributo (la persona o entidad obligada al pago) sería el titular del préstamo.
La incertidumbre jurídica que se ha generado al decidir el Supremo revisar la sentencia emitida por la Sección Segunda de la Sala Tercera está provocando que los juzgados y tribunales superiores de varias comunidades estén suspendiendo juicios hipotecarios hasta que, en dos semanas, se pronuncie un pleno formado por los 30 magistrados de lo Contencioso-Administrativo.
En el caso de Canarias, la Sección Cuarta de la Audiencia de Las Palmas, la sala especializada en condiciones de contratación en esta provincia, ha suspendido las deliberaciones sobre litigios en los que se discute el pago de estos impuesto en tanto el TS no se pronuncie y tome una decisión.
Ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, jueza de profesión, consideró "insólito" que el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díaz Picazo, haya descalificado a los magistrados que adoptaron la resolución sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados y haya establecido una "sombra de duda" sobre ellos.
"Es insólito, en los doce años que he estado en esa sala del Tribunal Supremo, nunca he visto nada parecido", afirmó en una entrevista en Antena 3, en la que añadió que "no es bueno" que se cuestione a los seis magistrados que firmaron la resolución en una decisión "motivada" que, incluso, contiene un voto particular, incidió.
Recalcó que conoce a los magistrados de la Sala Tercera, de la que ella procede, y se mostró convencida de que han actuado conforme al ordenamiento jurídico, por lo que considera "absolutamente desafortunada" la decisión de Díaz Picazo de convocar un pleno para determinar si se confirma la doctrina de los magistrados.
