Canarias es la Comunidad Autónoma que más ha conseguido reducir la desigualdad económica entre ricos y pobres en los últimos años. Las Islas están a punto de alcanzar la media nacional, algo impensable hace nada. La desigualdad de ingresos entre las clases alta y baja del Archipiélago llegó en 2015, tras los años más duros de la crisis económica, a cifras estratosféricas, hasta el punto de que nunca antes ninguna de las comunidades había soportado una brecha tan grande entre los más y menos pudientes. Sin embargo, y justamente a partir de 2015, Canarias no solo ha logrado frenar el ritmo de crecimiento de la desigualdad socioeconómica entre su población, sino que, de hecho, ha dejado de ser la autonomía con la renta peor distribuida del país tras encadenar dos años como el territorio en que más se reduce la inequidad de ingresos de ciudadanos y familias.
Así lo ponen de manifiesto los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la actualización de sus Indicadores de calidad de vida. Pero ¿cómo se mide la mayor o menor equidad en la redistribución de la renta en un determinado territorio? La fórmula que emplean tanto el INE como la Oficina Estadística Europea, Eurostat, y los organismos con funciones similares de los distintos países del entorno es el llamado cociente S80/S20. Una fórmula que, en esencia, consiste en dividir los ingresos percibidos por el 20% de la población con mayores rentas -los ricos- entre los percibidos por el 20% de la población con menores ingresos, esto es, los pobres. Cuanto mayor es el cociente, mayor será la desigualdad económica en esa sociedad. En el caso de Canarias, la inequidad entre los más y los menos favorecidos de la sociedad sigue siendo superior a la media nacional -así ha sido ininterrumpidamente desde 2008, es decir, desde el comienzo de la crisis- pero es igualmente cierto que nunca desde entonces se había estrechado tanto la diferencia.
En 2015, el indicador de desigualdad en las Islas llegó a 10,1. Una ratio que mostraba una enorme diferencia entre ricos y pobres y que evidenció cómo el largo período de estreches no había afectado por igual, ni mucho menos, a las clases alta y baja. Para hacerse una idea de hasta qué punto la brecha entre ricos y pobres era grande en el Archipiélago basta con apuntar que nunca antes se habían superado los diez puntos en la escala de desigualdad, y no solo en Canarias, sino en ninguna otra de las restantes 16 comunidades autónomas. La media estatal ese año era de un 6,9, de modo que la tasa en la región era un 46,4% superior a la cifra nacional. Con todo, la economía de las Islas ha sido capaz de mejorar notablemente en los dos últimos años su capacidad para redistribuir equitativamente la renta que genera entre toda la sociedad.
Sensible disminución
Los datos del INE dejan la ratio de desigualdad en el Archipiélago a 31 de diciembre del año pasado en un 7. Son 1,8 puntos menos que en 2016 y 3,1 menos desde que en 2015 se elevara hasta la histórica tasa -por negativa- del 10,1. La caída es de un 20% en el último año y de hasta un 31% en los últimos dos. Así pues, si Canarias tiene el dudoso honor de haber sido la economía con más dificultades para lograr un reparto justo de la riqueza, no menos cierto es que ha sido la comunidad que más ha mejorado en el último trienio. La diferencia entre la media nacional, de un 6,6, y el dato del Archipiélago (7) se reduce así a solo cuatro décimas, cuando llegó a superar los tres puntos en 2015. O lo que es lo mismo: aquella diferencia de un 46,4% entre la media y el dato de las Islas que se registró hace solo tres años -poniendo así de manifiesto una incapacidad sin parangón para mejorar la redistribución social de la renta- es ahora de solo un 6%.
Canarias incluso ha abandonado así el farolillo rojo de este particular ranking. La comunidad con la mayor brecha entre ricos y pobres es ahora Baleares (8,2), a la que sigue la Comunidad de Madrid (7,7). El hecho de que Canarias haya cedido el pesimista testigo al otro archipiélago del país pone de manifiesto cómo las economías altamente terciarizadas, esto es, dependientes hasta el exceso del sector servicios -el turismo en el caso de Baleares y Canarias-, tienen más problemas si cabe para conseguir una distribución más socialmente justa de la renta. Algo que ya de por sí es uno de los principales problemas a superar en las economías europeas.
La sensible mejora del indicador de desigualdad tiene también reflejo en otros indicadores, como, por ejemplo, el porcentaje de la población en dificultades para llegar a fin de mes. Son cada vez menos los hogares que dicen tener dificultades o grandes dificultades para salvar el mes con tranquilidad.
Diecinueve de cada cien isleños afirman tener grandes dificultades para llegar a fin de mes. Un porcentaje exacto del 19,3% -la media es de un 9,5%- que sigue siendo el más alto del país pero que, sin embargo, refleja también la mayor reducción del país. En 2016 el porcentaje era de un 36,1%, casi el doble. En otras palabras: los 777.955 canarios que tenían grandes problemas para cubrir sus gastos mensuales en 2016 son ahora 415.915, esto es, 362.040 menos. Y, además, también se ha reducido el grupo de población que no tiene grandes dificultades para llegar a fin de mes pero que sí tiene, sencillamente, dificultades. Eran un 19% de la población en 2016 -409.450 ciudadanos- y se han reducido a un 17,6%, a 379.280, de modo que son 30.170 menos. Sí se ha incrementado, de un 21,2 a un 24,6%, el colectivo que tiene "algunas dificultades", si bien este aumento obedece a la sensible reducción del número de personas en peor situación. Miles de canarios han logrado así pasar de estar en dificultad máxima o dificultad para llegar a fin de mes a tener solamente alguna dificultad.
Eso sí, hay que insistir en que si bien la situación socioeconómica general mejora para muchos ciudadanos y sus familias, es también verdad que Canarias sigue ocupando los últimos lugares en la mayoría de indicadores. Dos de cada diez isleños -un 21,1% frente a solo un 9,3% en España- se retrasan mes a mes en el pago de sus facturas y hasta uno de cada dos -un 51% por un 36,6 de media- no tiene recursos para afrontar gastos imprevistos.
