El Pleno de la sala de lo contencioso se ha pronunciado finalmente tras dos días de intensas deliberaciones para aclarar quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, señalando al cliente por una votación de lo más ajustada.

Si bien ha sido en las últimas semanas cuando la polémica ha sido mayor por la decisión del Supremo de revisar su doctrina, lo cierto es que el asunto de quién debe pagar ese impuesto, si el banco o el cliente, está en los tribunales desde hace unos años.