Sin acuerdo y con las posturas muy alejas. Así terminó la reunión de los 28 jueces -estaba previsto que fueran 31, pero tres excusaron su ausencia- de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que debían decidir ayer quién tiene que hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados, que se abona cuando se firma una hipoteca. La discusión continuará hoy, con las posiciones divididas. La duda está en si el abono lo tiene que afrontar el banco o el cliente, que era quien asumía ese gasto hasta que una reciente sentencia del alto tribunal abrió la caja de Pandora y declaró que debían de ser las entidades financieras las que hicieran frente al tributo.

Esa decisión judicial dejaba, sin embargo, un mar de dudas que ahora el propio Supremo trata de despejar. La más importante y la de más calado es si tienen derecho a reclamar todos aquellos que tengan hipoteca. Si optan por la retroactividad total, en Canarias podría haber más de 72.000 afectados.

Por lo que pueda pasar el Gobierno trata de cubrirse las espaldas. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, avanzó ayer, -mientras los jueces seguían encerrados en el Supremo deliberando-, que en función del sentido de la sentencia se estudiará articular "algún tipo de ayuda" a las autonomías. Y es que el impuesto está transferido a las comunidades que podrían tener que afrontar la devolución de grandes cantidades de dinero si se declara su retroactividad total. De hecho, la Agencia Tributaria canaria ya había demandado a Madrid la articulación de un mecanismo que evite daños a su presupuesto regional y ante la previsible avalancha de reclamaciones.

"Queremos que haya un cri- terio definido y nos preocupa que se aplique la justicia con rigor para que los intereses de las personas que las firmaron estén amparados y defendidos", señaló Ábalos.

La presión para los magistrados es máxima. El propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el Supremo se está jugando su "prestigio".

Para echar más leña al fuego, algunas organizaciones de consumidores como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) además de Podemos prometieron dar guerra en las calles para reclamar una sentencia que atienda a los intereses de los clientes.

De la reunión de ayer entre los magistrados del Supremo ha transcendido poco. Aunque sí se ha divulgado que las posturas entre los jueces están bastante alejadas y la situación bastante enrocada. De hecho, se asegura que ni se llegó a tratar el asunto de la retroactividad. Por lo que, así de primeras los magistrados ni siquiera están de acuerdo aún en quién debe de pagar el impuesto. Una parte importante apuesta porque lo hagan los bancos, como sostiene la última sentencia del Supremo, pero también hay un grupo de jueces que apuestan porque lo siga soportando el cliente. Una vez despejada esa incógnita la discusión debería de centrarse en la retroactividad.

Es decir, si puede pedir la devolución del dinero todo aquel que tenga un préstamo hipotecario, como exigen las asociaciones de consumidores y muchos abogados, o si se limitan las devoluciones a los que lo hayan rubricado durante los últimos cuatro años, que es el tiempo en el que tardan en prescribir los pagos relacionados a Hacienda. En ese caso, el golpe a las arcas de la comunidad autónoma ascendería a 1.027,8 millones de euros.

España es uno de los países con el impuesto por la firma de hipotecas más alto de Europa.