Las multinacionales toman posiciones ante el previsible despegue de la energía eólica marina en las Islas. La noruega Equinor (filial de la petrolera Statoil) ya ha puesto sobre la mesa el proyecto de un parque de 200 megavatios frente a la costa de Juan Grande y la ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) lo ha analizado para conocer el impacto económico que tendría. La conclusión es que se podrían generar más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Durante los más de veinte años de vigencia -desarrollo e instalación, explotación y desmantelamiento-, esta actividad reportaría entre 550 y 780 millones de euros al producto interior bruto (PIB) canario. La proyección a la totalidad de la economía nacional ascendería a una horquilla de entre 910 y 990 millones de euros.
Equinor es la empresa responsable de Hywind Scotland, el único parque eólico marino flotante existente en la actualidad, situado en aguas del Reino Unido. Se puso a trabajar en el proyecto desde que conoció la intención del Gobierno de Canarias de impulsar esta fuente de energía renovable con la reserva de un área frente al sureste grancanario para albergar 300 megavatios de potencia, ya que a los referidos 200 del parque se suman otros 100 megavatios para experimentar los avances de esta tecnología.
El equipo dirigido por la profesora de la ULPGC Julieta Schallenberg, integrante también del grupo de expertos que asesora a la Comisión Europea (CE) en materia de energía, determinó que en la primera fase del proyecto, la de su desarrollo, se crearían entre 550 y 1.300 empleos directos, y de 450 a 1.000 indirectos. Esta periodo, que finalizará cuando las palas de los aerogeneradores comiencen a girar, tendrá una duración de entre dos y tres años.
La puesta en marcha marcará el inicio de la fase de explotación, "de 20 años de duración", expuso Schallenberg. En ese tiempo, el parque eólico marino dará trabajo de manera directa a 120 personas, a las que se añadirán otras 80 que accederán a un puesto laboral de manera indirecta. Por último, durante el medio año que durarán las labores de desmantelamiento de los molinos, trabajarán 280 ciudadanos de manera directa y se generarán otras 350 oportunidades laborales de modo indirecto.
"Es solo un proyecto, pero es real", expuso el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega. El Ejecutivo regional trabaja desde hace más de un año con los ministerios implicados para desbrozar el camino burocrático que habrá de recorrerse para que la práctica cristalice. Entre las cuestiones esenciales, está la futura convocatoria de un proceso de concurrencia pública para adjudicar potencia.
