Los clientes, y no los bancos, pagarán el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que grava las hipotecas. Tras dos días de debate, el Tribunal Supremo (TS) se desdijo ayer y cambió su posición por segunda vez en quince días. La decisión restablece la doctrina vigente durante los últimos 23 años, hasta que el pasado día 18 la Sección Segunda de la Sala Tercera del Alto Tribunal dictó tres sentencias que impusieron el pago del tributo a la banca al considerarla como la parte beneficiada en la escritura pública del préstamo con garantía hipotecaria. Las críticas desde el ámbito político, social y judicial se sucedieron tras conocerse el resultado.
La total división marcó el desenlace, con quince magistrados imponiéndose a los trece que defendían alejar la carga del ámbito de los ciudadanos. Estos números evidencian la imposibilidad de alcanzar una resolución unánime, como se pretendió una vez que el presidente de la sala, el magistrado Luis María Díez-Picazo, en una acción sin precedentes y enormemente controvertida, anunció el 19 de octubre que, aunque los tres fallos eran firmes para los casos sentenciados, la jurisprudencia y efecto que emanasen de tales resoluciones serían sometidos a reconsideración por el pleno de sala.
Esa convocatoria fue hecha pública menos de veinticuatro horas después de que trascendieran los fallos de la sección segunda de la sala y cuando los valores bancarios españoles estaban sufriendo un fuerte derrumbe en la Bolsa. Ayer volvieron a cerrar en rojo (salvo Unicaja), cuando aún no se conocía la decisión del pleno de la sala, que no trascendió hasta pasadas las siete de la tarde.
Voto decisivo de Díez-Picazo
Precisamente el voto de Díez-Picazo fue determinante para inclinar la balanza. Según fuentes consultadas por Europa Press, durante su intervención se mostró favorable a la tercera vía planteada por la magistrada Pilar Teso, quien propuso que el impuesto recayese sobre la banca pero sin carácter retroactivo, lo que le evitaba desembolsar unos 5.000 millones de euros.
Sin embargo, llegado el momento de votar el presidente de la Sala Tercera cambió de postura tras observar que se estaba produciendo un empate entre quienes apostaban por cargar el impuesto a los bancos y quienes defendían que lo hiciese el ciudadano. Votó el último y se decantó por la banca.
La resolución, muy polémica y que suscitó de inmediato fuertes críticas entre organizaciones de consumidores y fuerzas políticas, no parece que vaya a disipar por ahora la situación de enorme incertidumbre e inseguridad jurídica que se creó en octubre, dado que diversos colectivos habían anunciado que, de producirse un nuevo vuelco jurisprudencial, recurrirían ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La totalidad de los abogados consultados coincidieron en que será Europa quien fije el camino a seguir. En opinión de María Luisa Martínez, eso "pone muy en entredicho la imagen de España". En la misma línea, el también letrado Andrés Roda calificó como "lamentable" la decisión y advirtió de que provoca que los ciudadanos perciban "una imagen desenfocada de la Justicia". Según esa opinión, "existen jueces que son independientes" y aplican la ley y la jurisprudencia, algo que "parece no ocurrir en la cúpula".
Por su parte, el también abogado canario Eugenio Rodríguez señaló que existe "un principio de jerarquía normativa y un reglamento no puede contradecir una ley". El primero señala al prestatario como parte que debe abonar el impuesto, mientras que la segunda, "débilmente redactada", según Martínez, dice que debe pagar la parte que se beneficie de elevar a pública la hipoteca. "Como mínimo, habría que pagar el impuesto a partes iguales, porque el banco se beneficia tanto o más", concluyó Rodríguez.
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia solicitó la dimisión del presidente del TS, Carlos Lesmes, y de Luis María Díez-Picazo. "Discrepamos del modo en que el TS ha gestionado el asunto de las hipotecas y por el daño a los ciudadanos y a la justicia. Pedimos la inmediata dimisión de Lesmes y Díez-Picazo y apelamos al Parlamento para que actúe en defensa de los consumidores", señaló la asociación en su cuenta de Twitter, informa Europa Press.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que la Justicia "se ha vuelto a poner del lado de los más poderosos". Mientras, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) achacó la decisión a "una monumental campaña de la banca para no pagar".
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calificó la decisión como "bochornosa" por perjudicar a más de 12 millones de familias en España. "Hoy gana la banca y pierden los consumidores y toda la sociedad", señaló en un comunicado la asociación.
El Gobierno de Pedro Sánchez analizará el impacto en el Consejo de Ministros de mañana. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tildó de "incomprensible" la actuación del TS. "No se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo", enfatizó. Mientras, el secretario general del PP en la Cámara Baja, José Antonio Bermúdez de Castro señaló que resulta "difícil de entender" que el TS haya dictaminado "una cosa y su contraria en tan poco tiempo".
