El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, aceptó ayer que las decisiones de los jueces están sujetas al escrutinio de la opinión pública y a la crítica, pero añadió que en el cambio de criterio sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) pesó la falta de claridad en la ley desde hace 35 años. Además, aseguró que los magistrados que integran el pleno de la Sala Tercera votaron "con libertad e independencia de criterio".

El también presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló que el Gobierno tiene ahora una "magnífica oportunidad" para clarificar quién es el sujeto pasivo en un contrato hipotecario, es decir, la parte obligada a abonar el IAJD. Antes, defendió que la decisión adoptada el martes no es más que la resolución por mayoría de una cuestión "controvertida". En su opinión, "estas son las reglas del juego" en el Estado de derecho; los jueces las resuelven con "libertad e independencia, y si hay discrepancias se resuelven votando", como ocurrió ayer [por el martes].

Varios jueces del TS recibieron con preocupación el segundo cambio de jurisprudencia en relación al impuesto de las hipotecas en escasas semanas. Existe el temor a que estos vaivenes se utilicen para deslegitimar a la institución, algo que dan por seguro cuando arranque el juicio del procés.

Coinciden los magistrados -apuntan las fuentes- en que hubo un fallo en la gestión de la primera sentencia que atribuyó el IAJD de las hipotecas a los bancos y en la convocatoria del pleno de lo Contencioso-Administrativo. Además, temen que se haya dado la impresión de que, en lugar de intentar unificar criterios, el pleno buscó acallar la posición de los magistrados que en la sentencia del 18 de octubre se pronunciaron a favor de que fuese el banco y no el cliente quien pagase el impuesto.

Por otra parte, el secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, pidió la dimisión de Lesmes. El diputado de la formación morada recordó que el presidente del TS ha sido "excepcionalmente autocrítico" con la situación, llegando incluso a "pedir perdón. Cuando alguien realiza actuaciones que afectan gravemente a la población y a la situación económica y genera desconfianza en el TS, tiene que ser consecuente con lo que ha dicho", argumentó Mayoral.