Cada nuevo hipotecado de las Islas ahorrará 1.272 euros tras el cambio de Sánchez en la ley

Pedro Sánchez anunció que el Gobierno aprobará hoy mismo un real decreto ley para reformar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y AJD. Solo horas después de que el Supremo decidiera que sigan siendo los hipotecados los que paguen el tributo -contradiciendo su última sentencia-, el presidente nacional enmendó la plana al poder judicial y acabó con las dudas. El impuesto tienen que abonarlo las entidades financieras. Aunque Sánchez quiso quitar hierro a la tensión entre poderes, subrayó que "lamenta" el fallo del TS. Si hasta ayer había "hablado" el poder judicial, ahora "habla" el poder ejecutivo, enfatizó el socialista. "Los ciudadanos no tendrán que pagar el impuesto de las hipotecas nunca más", zanjó. Ahora confía, dijo, en que la banca no encarezca los préstamos.

La medida del Gobierno no tiene, eso sí, carácter retroactivo. Los 72.000 canarios que en su momento sufragaron el impuesto no recuperarán su dinero. El Ejecutivo regional tenía reservados los 125 millones que en total les costó el tributo de AJD a sus ciudadanos. Si el Supremo hubiera resuelto en favor de los clientes en vez de la banca y, además, con retroactividad, las comunidades autónomas tendrían que haber devuelto un montante de unos 5.000 millones. No en vano son las regiones las que se encargan de la gestión del impuesto, que se paga cada vez que se firma un documento notarial, en este caso la hipoteca. El tipo del impuesto en el Archipiélago es de los más bajos del país, el 0,75% sobre el valor de la hipoteca. El Ministerio de Hacienda aseguró tener un "plan" para coordinar con los gobiernos autonómicos la devolución del dinero, lo que finalmente no se producirá. Tras la decisión del pleno de la sala de lo Contencioso del TS, donde 15 magistrados votaron a favor de los bancos y 13, a favor de los clientes -evidenciando así una profunda división-, el Gobierno ha abierto una vía intermedia. A partir de ahora pagarán las entidades financieras pero las cantidades abonadas hasta la fecha por los hipotecados no se les devolverán. La idea es ganar "seguridad jurídica" desde este momento.

Fernando Clavijo calificó de "todo un acierto" la decisión del Ejecutivo central tras la polémica a la que había dado lugar la indefinición del Supremo. "Apoyamos plenamente la decisión", explicó el presidente del Gobierno de Canarias, que dijo que ni él ni su gabinete comparten la resolución que había adoptado el Alto Tribunal. Fue el mismo Clavijo quien aseguró que la Comunidad Autónoma tenía preparados los 125 millones pagados en su día por esos 72.000 hipotecados de las Islas. "Lamentamos mucho la decisión del Supremo", aseveró.

Las posibilidades de que recuperen su dinero esos hipotecados que ya abonaron el impuesto -1,5 millones en todo el país, según cálculos de Gestha- parecen escasas. Las reglas fiscales "no obedecen al principio de retroactividad", tal como sostiene la jurisprudencia y recordó ayer Pedro Sánchez. No obstante, el dirigente socialista precisó que los ciudadanos "están en su derecho" de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En principio, las reclamaciones ante la justicia comunitaria serían por la posible responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, el Sindicato de Técnicos de Hacienda explicó que el tribunal europeo no se pronunciará antes de varios años, y para cuando resuelva, y aun cuando lo haga a favor de estas personas que abonaron el impuesto, habrá prescrito el derecho en muchos de los casos. Para entonces solo quienes hayan recurrido recuperarían el dinero. La suma total que han abonado los hipotecados españoles en los últimos cuatro años asciende a 3.630 millones de euros.

Aunque el Congreso aprobará por mayoría absoluta el real decreto ley del Gobierno, con el sí de los diputados de Coalición Canaria y Nueva Canarias incluido, hay partidos que ya han criticado que la medida se queda corta sin la retroactividad. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, expuso que es "de sentido común" que se devuelva el dinero e hizo un llamamiento a la movilización ciudadana "para que el Estado se ponga del lado de la población". El diputado Rafael Mayoral fue incluso un paso más allá y apuntó que es necesario esclarecer si determinados magistrados del TS "se han podido enriquecer" con el repunte en Bolsa de las entidades financieras cuando el Supremo las exoneró del pago del impuesto. "La gente tiene derecho a saber si tenemos una justicia independiente del poder financiero", argumentó.

Con todo, hubo también opiniones favorables a la controvertida decisión del TS. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, señaló que es "positivo" que el sector financiero salga indemne. "Nos puede gustar más o menos, podemos estar más o menos de acuerdo, pero creo que la conclusión positiva es que el sistema financiero no sale dañado, y eso beneficia también a toda la sociedad y a la actividad económica", recogió Efe.

Los magistrados, indignados

Si Pedro Sánchez pidió "autocrítica" al Supremo, los magistrados canarios no ocultaron la "desastrosa gestión" que ha llevado a cabo el TS. La magistrada Carla Vallejo, representante en las Islas de Juezas y Jueces para la Democracia, defendió que el vodevil del Alto Tribunal ha dejado dos damnificados: los ciudadanos y la "imagen" de la justicia. "Es el peor de los escenarios", subrayó Vallejo, que hizo hincapié en cómo la justicia sufre ahora una imagen "que aunque no es real", no solo alcanza al Supremo, sino a toda la judicatura. "La gestión de todo este proceso ha sido muy muy negativa", enfatizó.

Ramón Toubes, de la Asociación Profesional de la Magistratura, pidió a los políticos que no contribuyan con sus críticas al desprestigio judicial. Recordó que los partidos podrían haber reformado la ley antes de esta polémica, y la banca ya estaría pagando el tributo.