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Las instituciones impulsan medidas para intervenir el sector inmobiliario

El precio de la vivienda acentúa el temor a una nueva burbuja

Las instituciones impulsan medidas para intervenir el sector inmobiliario

La vivienda se ha convertido, como en otros tiempos, en uno de los grandes retos a resolver. En torno a ella proliferan todo tipo de conflictos: desde los derivados de la compraventa a través de las hipotecas hasta el alza del precio de los alquileres, ya sea para uso vacacional o residencial. También la escasez de vivienda pública está en el punto de mira de las instituciones, que no terminan de encontrar la fórmula para garantizar un hogar a miles de familias que carecen de condiciones para acceder al mercado libre.

Tras el letargo de la crisis, el sector inmobiliario vuelve, en definitiva, a situarse en el corazón de la economía y la sociedad españolas, haciendo girar en torno suyo gran parte de la actividad política y judicial. Esta misma semana, se solapaban diversas noticias sobre medidas de distinta índole que están proponiendo las instituciones.

Objetivo: contener los precios

Desde el ámbito local, los dos ayuntamientos capitalinos de Canarias anunciaron regulaciones restrictivas para poner coto al alquiler vacacional. Estas iniciativas municipales tienen en común con otras propuestas de carácter autonómico o estatal el ánimo de intervenir en el sector inmobiliario. Y es que el alza del precio de las viviendas ha acentuado el temor a que estalle una nueva burbuja.

Las Palmas de Gran Canaria ha sido, de hecho, la ciudad en la que más ha subido el precio de la vivienda, según el portal inmobiliario Idealista. Dos características, ser capital y tener actividad turística, son al parecer las razones que la llevaron a encabezar el pasado octubre este ranking. Ese mes, la vivienda se encareció un 10,5% de media en España. Sin embargo esa tasa interanual fue mucho mayor en la capital grancanaria, al alcanzar el 22% y situarse como el mayor crecimiento del conjunto del país. Junto a ella, Madrid (19,2%) y Málaga (18,8%) lideraron el alza del precio de los pisos.

El sucesivo incremento que se viene produciendo desde hace años es consecuencia, sobre todo, de la recuperación del sector tras la caída fuerte caída que sufrió durante la crisis. Y aunque el precio actual aún no ha alcanzado el nivel anterior a la crisis, se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para las Administraciones públicas. De hecho, todas las medidas que se anunciaron al inicio de la legislatura para tratar de "embridar" el mercado, no se han puesto en marcha o no han logrado incidido en el funcionamiento del mercado.

Viviendas vacías

En Canarias, por ejemplo, se presentó ya en la legislatura anterior un paquete de medidas "urgentes". Entre ellas se contemplaba la creación de un Registro de Viviendas, de carácter obligatorio, para determinar qué porcentaje del stock de 130.000 viviendas vacías existentes en las Islas se encontraban en manos privadas y cuáles bajo titularidad de entidades financieras e inmobiliarias. Era el primer paso para alcanzar acuerdos con ambas entidades para que liberaran parte de esos pisos, contribuyendo así a incorporar más oferta a precios razonables.

No se avanzó entonces, ni tampoco en la legislatura que está a punto de concluir. Y ya se acerca una nueva convocatoria electoral con el problema habitacional aún más agravado, tanto en Canarias como en el conjunto de España.

En este marco, estos días se hizo público un informe, elaborado por la consultora Corporación 5 y financiado por Disa, cuyas conclusiones apuntaba directamente a la necesidad de reactivar a toda costa la construcción de nueva vivienda. Sin citar siquiera el amplio volumen de pisos vacíos, señalaba que en 2018 existe un déficit en Canarias de 40.000 viviendas. Y concluía: "Si no se actúa sobre la oferta de vivienda, y se construyen en los próximos años 140.000 nuevas, el efecto directo será la subida de precios, tanto de compra como de alquiler. Es decir, apuntaba como única solución la reactivación del sector de la construcción.

Desde 2017 se ha disparado, de hecho, la compra de suelo en España, poniendo en evidencia el despegue de esa actividad promotora y la irrupción de los fondos en el negocio residencial. Se apuesta además por obra nueva frente a la oportunidad de recurrir a la rehabilitación del actual parque inmobiliario. En Canarias asciende a más de un millón de viviendas, de las cuales 840.000 son principales y poco más de 200.000 secundarias. Hasta el 20% de ese parque tiene más de 30 años y requiere rehabilitaciones, según datos de la propia Asociación de Empresarios de la Construcción.

Las políticas de vivienda pública siguen, del mismo modo, arrancando a un ritmo ralentizado. Muy lejos de las urgencias habitacionales que está provocando el desfase entre el incremento de los alquileres y la contención de los salarios. Pese a ello, Canarias ya ha firmado con el Estado su nuevo Convenio de Vivienda, que contempla una inversión de cien millones de euros de aquí al año 2012. Parte de esta financiación se destinará precisamente a conceder ayudas al alquiler, sobre todo a los jóvenes.

El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, ha planteado medidas de mayor alcance. Así, en los presupuestos pactados con podemos ha incluido un paquete de medidas que contempla aumentar en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles y, sobre todo, permitir la regulación por parte de los ayuntamientos de precios del alquiler en determinadas zonas.

La culpa no es de la oferta vacacional

  • Sin tener en cuenta otros factores que han incidido en la subida del precio de los alquileres, la vivienda vacacional ha sido señalada como la gran culpable de desabastecer el mercado de oferta residencial o causar alzas inalcanzables para los ciudadanos. Y, sobre esa sospecha, las instituciones han lanzado propuestas de regulación que, lejos de aportar soluciones, contribuyen a distorsionar aún más el mercado. Así al menos lo considera la Asociación de Viviendas Vacacionales de Canarias, que acaba de advertir que "las normas urbanísticas que pretenden aprobar los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife suponen una restricción de derechos". Las medidas van desde exigir a las viviendas una antigüedad de 10 años, que se ubiquen en plantas bajas o con acceso independiente o que sus propietarios se den de alta como autónomos: "Las actividades turísticas que se desarrollen tienen que ser aliadas de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos", señalaba estos días el concejal de Turismo de la capital grancanaria, Pedro Quevedo, al defender la inclusión de la regulación del vacacional en las modificaciones del plan general. Y argumentaba también que "esta actividad está generando un grandísimo problema para la disponibilidad de viviendas para la gente joven y más vulnerable, que no puede pagar las cantidades brutales que están pidiendo". Apenas unos días después se dio a conocer un estudio elaborado por la consultora Corporación 5, que concluía que la subida era consecuencia de un problema de oferta de vivienda principal. El propio sector inmobiliario comparte el análisis: "Los precios del alquiler suben porque en la crisis bajaron mucho. No se puede echar la culpa al alquiler vacacional", señalaba recientemente Ramón Pérez, presidente de la Asociación de Empresarios Inversores Inmobiliarios.

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