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Malestar en la inspección fiscal tras condonar Canarias una deuda a la estiba

El Ejecutivo autónomo utiliza el presupuesto para perdonar 13 millones que reclama la Agencia Tributaria

Malestar en la inspección fiscal tras condonar Canarias una deuda a la estiba LP / DLP

Embrollo a tres bandas en la Hacienda isleña. El Gobierno autónomo ha decidido enmendar vía presupuestos la decisión de los inspectores de la Agencia Tributaria Canaria que exigieron a las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep) el pago de alrededor de trece millones de euros generada por una reinterpretación de las exenciones del IGIC. El malestar se ha instalado en parte de los fiscalizadores públicos, pero el Ejecutivo asegura que actuar de este modo evita daños a las arcas de la comunidad. Por su parte, las empresas afectadas rechazan que se contemple en las cuentas para el año próximo la condonación de una deuda que, en su opinión, nunca ha existido.

La disposición adicional cuadragésima tercera del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria 2019, que se tramita en el Parlamento regional, contiene el perdón de la deuda a las Sagep. "Resulta vergonzoso, si las sociedades de estiba no están de acuerdo, que recurran a los tribunales y que estos decidan", señalaron fuentes de la Agencia Tributaria Canaria que se declararon "indignadas" ante lo que entienden como "una desautorización en toda regla".

Por contra, el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Javier Armas, explicó que permitir que el caso se judicialice significaría iniciar el camino a una derrota segura. En su opinión, incluir la disposición en el proyecto presupuestario supone "un ejercicio de responsabilidad". El integrante del Gobierno explicó que cuando la sentencia llegara, "las empresas afectadas podrían exigir daños y perjuicios, y los intereses devengados hasta ese momento", y aludió al papel activo que deben desempeñar las administraciones para evitar "un menoscabo" a las arcas que alimentan todos los canarios mediante el pago de impuestos.

El conflicto se generó en el ámbito de la actividad exportadora y por un cambio de criterio de la inspección -con efecto retroactivo hasta 2013-, que se basó para ello en una sentencia de la Audiencia Nacional de 2005 relacionada con la Sociedad de Estiba del Puerto de Gijón. En ella, la exención del pago del IGIC contenida en el artículo 12.5 de la Ley de Modificación de los Aspectos Fiscales del REF de 1991 se consideró con "naturaleza subjetiva".

Según esto, la cesión de personal por parte de las Sagep a las empresas estibadoras, solo se libra de la imposición indirecta si se realiza "en la fase final de la cadena de comercialización del servicio", es decir, cuando quien lo recibe es el propietario del barco. Sin embargo, en mayo del pasado año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sentenció que la exención se extiende "a todas las fases de la cadena de comercialización". Ante ello, las sociedades de estiba se armaron jurídicamente para evitar el pago de unas cantidades que amenazaban incluso su propia pervivencia.

Meses después, el 22 de diciembre, plantearon una consulta vinculante y, con el fallo del TJUE en la mano, la Viceconsejería de Hacienda y Planificación, competente para decidir sobre el IGIC, determinó el retorno a la doctrina que desde 1991 mantenía la exención del impuesto para esa actividad.

Contra la condonación

Sin embargo, la solución encontrada por el Ejecutivo, además de soliviantar a parte de los inspectores de la Agencia Tributaria de las Islas -otros aseguran que nunca debió cambiarse el criterio-, no satisface a las sociedades de estiba. Que se les condone una deuda supone en el plano contable que ingresan las cantidades que adeudaban y ese engorde de la cuenta de resultados les obliga a reajustar las liquidaciones del Impuesto de Sociedades, el que grava los beneficios obtenidos.

En definitiva, otro pago, inferior pero millonario, que afectará a su capacidad operativa y que no están dispuestas a asumir, por lo que el caso llegará a los tribunales. "Si nunca ha habido deuda, no puede condonarse", es la tesis que mantienen.

Entre los inspectores molestos con la actuación de la Consejería de Hacienda, se ha instalado la sensación de que el Gobierno "se ha puesto del lado de la parte contraria. No son maneras, se han cargado la gestión tributaria". A ello añadieron la inexistencia de precedentes de esta naturaleza, lo que, en su opinión, "abre una peligrosa puerta".

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