El juicio contra la antigua cúpula directiva de Bankia comenzó ayer en San Fernando de Henares (Madrid) con el anuncio de que la Fiscalía Anticorrupción está estudiando acusar a los antiguos rectores de la entidad financiera de falsedad contable. Sobre la treintena de exdirectivos del banco ya pesa la acusación de estafa a inversores. En el banquillo de acusados se sienta el presidente de La Caja de Canarias, José Manuel Suárez de Toro, en el momento de la fusión fría que dio lugar al Banco Financiero y de Ahorros (BFA) -matriz el banco- tras la unión de Caja Madrid, Bancaja, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja, además de la canaria. Se sientan a su lado el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato y que en la actualidad cumple ya pena de cárcel por el caso de las tarjetas opacas de la entidad financiera; el exvicepresidente José Luis Olivas, el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y el ex consejero delegado Francisco Verdú. Para todos ellos pueden aumentar la solicitud de penas si prospera la idea del Ministerio Público de enduerecer su acusación.

La primera sesión del juicio, muy breve, sirvió para presentar las cuestiones previas. Durante ellas, la fiscal, Carmen Launa, anunció que pese a que ha descartado de momento incorporar la falsedad contable a las acusaciones ya formuladas, se reserva la posibilidad de hacerlo en el futuro para que los acusados no puedan alegar indefensión.

En su escrito inicial de acusación, la Fiscalía pide cinco años de prisión para Rato, por estafa inversores, un delito que también atribuye al exvicepresidente José Luis Olivas (cuatro años). Al resto de exconsejeros y exdirectivos de la entidad, así como de BFA, a la auditoría Deloitte y el socio auditor, Francisco Celma, son únicamente acusaciones particulares y populares, que piden para ellos hasta doce años de prisión, las que les atribuyen falsedad contable, penada con entre uno y tres años de cárcel. En esa situación está Suárez del Toro.

Anticorrupción sostenía que los cuatro de la cúpula -Rato, Olivas, Norniella y Verdú- ocultaron que el negocio de Bankia era inviable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de modo que habrían actuado para obtener "a toda costa" los fondos necesarios, aunque puntualizaba que "las cuentas del grupo no son materialmente falsas, ya que no vul- neraban la normativa que estaba vigente por entonces y cumplieron con todas las exigencias del regulador". Esa era la razón por la que la Fiscalía no había incluido la falsedad contable en su acusación, pero ayer la fiscal, acompañada en el estrado por el ahora fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, introdujo esa posibilidad tras añadir una ingente cantidad de documentación que hasta ahora no obraba en el procedimiento.

Entre esos informes Launa puso el acento en aquellos que revelarían el mal estado de Bancaja Hábitat, la filial inmobiliaria de Bancaja , que según el Ministerio Público, "ocultaba gran parte de los deterioros" que se arrastraron a las cuentas de 2011, momento de la salida a bolsa.

A mayores, la fiscal ha incluido el diario de sesiones de la comisión que investiga el origen de la crisis financiera en el Congreso de los Diputados, así como un informe pericial elaborado por el experto cedido por el Banco de España sobre el impacto que hubiera podido ocasionar en Bankia la reclamación de la aseguradora Aviva, vinculada hasta la integración a Bancaja, y que llegó a pedir una indemnización de 944 millones de euros.

Tras la Fiscalía tomaron la palabra el resto de las acusaciones. De las particulares, solo 13 acudieron a la vista, de ellas, varias, desistieron de acusar. Motivo porel cualvarias defensas han solicitado la aplicación de la 'doctrina Botín', en función de la cual se establecen que el tribunal puede archivar la causa si contra la misma no ejercen acusación ni el Ministerio Público ni acusaciones particulares, aun más si se acredita que no hay perjudicados sin recuperar su dinero.