Cerco al vehículo contaminante en ocho municipios del Archipiélago

El borrador del anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética del Gobierno central no solo contempla prohibir la venta y la matriculación de vehículos que se alimentan con combustibles fósiles a partir de 2040, sino que también establece que las urbes con más de 50.000 habitantes tienen que establecer zonas de bajas emisiones en sus cascos mediante medidas de mitigación del tráfico. O lo que es lo mismo, los ocho municipios del Archipiélago antes citados tendrán que restringir la circulación, como ya ha hecho Madrid al limitar el acceso de los coches privados en función de sus etiquetas ambientales en el corazón de la ciudad, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.

¿Están los municipios canarios afectados por esta propuesta preparados? Sí y no. Esa es la respuesta que desde los ayuntamientos se da al adelanto del contenido de la ley verde que prepara la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. No tienen diseñado ningún plan específico para abordar la restricción del tráfico en cinco años, pero la mayoría sí tiene activas medidas que van encaminadas a primar el transporte público, las zonas de peatonalización y la movilidad alternativa.

La metroguagua, cuya implantación está prevista para 2021, es la principal bandera del consistorio de la capital grancanaria en su estrategia de movilidad. El Ayuntamiento destaca que no solo es un medio de transporte menos contaminante, sino que su puesta en marcha implica la peatonalización de diversas calles, algo que se traduce en una ciudad con menos humos y ruido y, en definitiva, en una urbe más limpia. La ampliación de los carriles bicis en 30 kilómetros es otro de los pilares en los que se apoya para fomentar el transporte alternativo. El objetivo, según indican fuentes municipales, es que el 10% de los traslados en la ciudad se hagan en bicicleta.

Santa Cruz de Tenerife presume, por su parte, de contar con la mayor red de puntos de recarga para vehículos eléctricos de la isla picuda, de contar con bonificaciones fiscales para vehículos híbridos o eléctricos y de estar inmersa en el desarrollo del proyecto de vía 100% sostenible por el que la Avenida de Anaga estará alimentada por energías renovables y adornada con parterres y jardines regados con aguas depuradas. Y no es lo único. El ayuntamiento de la capital tinerfeña ya había reducido en 2015 un 15% de las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ) para dar cumplimiento al conocido como Pacto de los Alcaldes, al que Santa Cruz de Tenerife se adhirió hace cuatro años, y en el que se apuntaba a una reducción del 20% hasta 2020. Esto se suma al impulso al transporte colectivo que supuso la puesta en marcha del tranvía, que enlaza la capital con la Ciudad de los Adelantados.

Precisamente el caso de San Cristóbal de La Laguna es uno de los más peculiares al estar reconocida como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Desde el ayuntamiento explican que cuando se elaboró el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, que entró en vigor en 2006, se planteó la necesidad de ir peatonalizando progresivamente el casco urbano e ir restringiendo, lo máximo posible, el tráfico rodado. Este objetivo se cumplido de forma progresiva hasta alcanzar una peatonalización del conjunto histórico superior al 50%, una intervención que alcanza a más de una decena de "calle principales" que conectan con varias vías transversales. Y aunque aún queda recorrido por andar, la previsión es continuar en esta senda. En la actualidad están en redacción y en proceso administrativo de contratación los proyectos y obras de tres nuevas calles por las que tampoco podrán rodar los vehículos.

Telde también estudia cómo reducir la huella de carbono del municipio. El concejal de Planeamiento, Agustín Arencibia, apunta que limitar el tráfico "no va a ser algo sencillo ni a corto plazo", pero apunta al plan general en tramitación como el documento idóneo para introducir las medidas necesarias, más aún cuando es necesario aprobar una evaluación estratégica para culminarlo. Arencibia llama la atención, además, a que más que intervenir en el casco de la localidad, habría que hacerlo en barrios que cuentan con más habitantes que el núcleo al tener Telde la población "muy diseminada".

En San Bartolomé de Tirajana miran a sus principales zonas turísticas como candidatas a soportar restricciones en la circulación. Su alcalde, Marco Aurelio Pérez, expone que hace tres años se aprobó un plan viario de movilidad que da prioridad al peatón y al transporte público o coche de baja contaminación. Un ejemplo es el interior de la Playa del Inglés, donde paulatinamente se reducirán el número de carriles para impulsar las zonas peatonales y limitar el tráfico de vehículos de mayor tonelaje. Si bien Pérez no quiso pronunciarse sobre si en cinco años habrá tiempo para dar un vuelco al tráfico en la localidad del sur de Gran Canaria, duda de que Sánchez "llegue a tiempo para aprobar esa ley".

El planteamiento del Gobierno central coincide con el aumento de las ventas de turismos eléctricos en la Islas, si bien aún representan un escaso porcentaje del parque móvil canario. Al cierre del ejercicio pasado se contaban en el Archipiélago 1.189 vehículos limpios, apenas el 0,07% del total en circulación por las carreteras de la región. Aun así, la apuesta por este tipo de automóvil es creciente. En los diez primeros meses de este año, según los datos de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica), se matricularon 141 vehículos eléctricos, un 42% más que el volumen de ventas de coches libres de emisiones de gases nocivos registrado a lo largo de 2017.

El Archipiélago cuenta con 186 puntos públicos de recarga de vehículos eléctricos, una cifra que sitúa a Canarias entre las diez comunidades autónomas con mayor número de infraestructura para este tipo de coches, según datos aportados por Unieléctrica. En el conjunto del país, España cuenta con 3.856 puntos de recarga, la quinta cifra más alta del ranking mundial. Por delante solo se sitúan EEUU (17.143); Francia (6.899); Alemania (5.546)) y Holanda (5.225).

140 ciudades de todo el país

El cerco al coche contaminante afecta a cerca de 140 ciudades del país, que no más tarde de 2023 tendrán que tener restringido el tráfico en las principales zonas de congestión para fomentar el uso del transporte público y la movilidad alternativa. El Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) sostiene que la elaboración de una ley de este calado responde a la necesidad de definir un marco a medio y largo plazo para garantizar una transición ordenada de la economía actual a una "baja en carbono y resiliente al clima", tal y como exige el Acuerdo de París adoptado en diciembre de 2015. Los países que ratificaron este pacto, entre los que figura España, se comprometieron a presentar sus contribuciones nacionales para alcanzar los objetivos que plantea.

Un empuje que también se enmarca dentro de las metas fijadas por la Unión Europea (UE) en materia de clima y energía hasta 2030, entre las que destacan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del bloque comunitario al menos un 40% respecto a los niveles de 1990; lograr que las energías renovables copen, como mínimo, un 27% del consumo total de energía o que, por ejemplo, la eficiencia energética mejora al menos en un 27%. Todo ello a través de un paquete de medidas que se concretan en iniciativas legislativas relativas al mercado interior de electricidad o sostenibilidad de la bioenergía, pero también al ecoetiquetado y a una estrategia para una movilidad conectada y automatizada.

Pese a las advertencias que desde diferentes organismos y sectores se hace sobre los efectos del cambio climático, un 9,8% de los habitantes de las Islas no cree que dicho proceso exista, según refleja la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) relativa al mes pasado. Un escepticismo que se sitúa en la de la media nacional, pues un 10% de la población del país no atisba indicios de que se esté produciendo un cambio climático.

La medida que Ribera busca implementar en España no es nueva en Europa. En Alemania, por ejemplo, las limitaciones al tráfico contaminante se extienden más allá de Berlín, su capital. No en vano, éstas alcanza a unas 70 ciudades germanas. En ellas, los coches que quieran acceder al centro de los municipios deben lucir una etiqueta verde, color que indica que el vehículo está libre de gases. Los turismos que, sin embargo, tienen una pegatina naranja o roja son los que tienen limitada la circulación.

Madrid aún está adaptándose a su nueva realidad de tráfico restringido, pero en Estocolmo, la capital de Suecia, ya tiene una amplia experiencia. En 1996 se establecieron las primeras trabas a la circulación de coches por razones medioambientales. Desde 2007, los conductores que desean llegar al centro tienen que pagar. Esta decisión se adoptó, además, tras votar la iniciativa en un referéndum. Londres y Roma también han apostado por el veto a los coches contaminantes con la creación de tasas mientras que Oslo planea prohibir en 2025 el acceso al centro a los coches con motores diésel y de gasolina.

La prohibición de la matriculación de vehículos contaminantes a partir de 2040 que recoge el borrador del anteproyecto de ley en el que trabaja el Ejecutivo de Sánchez ya ha provocado una fuerte contestación en el sector de la automoción. La patronal de fabricantes de automóviles, Anfac, rechaza esta medida. A su juicio, no solo apura los plazos, sino que puede tener un efecto negativo en el empleo al caer la intención de compra de los vehículos con motores diésel y gasolina. El Gobierno busca el consenso para aprobar esta norma, pero recuerda que los plazos son prudentes y la descarbonización de las carreteras un asunto "urgente".

Entre las medidas que se encuentran en el borrador del anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética también destacan la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctrica en función de las ventas para garantizar la movilidad eléctrica, la imposibilidad de autorizar nuevas actividades de búsqueda de hidrocarburos, alcanzar un 35% de eficiencia energética y un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación renovable, y lograr que el parque móvil del país esté libre de emisiones de dióxido de carbono en 2050, un objetivo que también persiguen Reino Unido, Francia, Dinamarca o Irlanda.