La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) envió ayer un recado a los ayuntamientos. No va a permitir que los consistorios utilicen las normas urbanísticas para prohibir de facto el alquiler turístico en sus municipios. La organización que defiende los intereses de los propietarios de viviendas vacacionales argumenta que ordenanzas como la redactada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -que, por ejemplo, obliga a que haya en el edificio una entrada específica para los turistas- son en realidad una fórmula para prohibir la actividad por la puerta de atrás. En la Ascav tienen claro que este tipo de ordenanza -también el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto límites al polémico negocio- contraviene la sentencia en que el Tribunal Supremo (TS) acaba de dejar claro que las instituciones no pueden vedar el alquiler vacacional en las zonas turísticas.
La sentencia del TS, fechada el pasado día 12, anula la decisión del Gobierno de Canarias de prohibir a los dueños de casas, pisos o apartamentos ubicados en núcleos turísticos que puedan alquilarlos por equis días a quienes deciden pasar unas vacaciones en el Archipiélago. Tal como ya había argumentado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la medida del Ejecutivo autonómico viola los principios de la libertad de empresa y, además, termina por "favorecer la oferta de productos alojativos [ sic] tradicionales", es decir, que jugaba en favor de los hoteles y apartamentos.
El fallo irrumpe así en un momento en el que el Gobierno regional, por un lado, y los ayuntamientos, por otro, buscan la fórmula para que los alquileres residencial y turístico puedan coexistir sin efectos secundarios. Efectos secundarios como el hecho de que haya poblaciones en las que sea casi imposible encontrar una vivienda en alquiler convencional. Los magistrados del TS han dejado claro que la fórmula para garantizar la coexistencia de ambas modalidades de alquiler no puede pasar, en ningún caso, por la prohibición. De ahí que los técnicos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, que dirige Isaac Castellano, estén estos días estudiando el fallo del Supremo -que por otra parte no los ha pillado de improviso vista la sentencia previa del tribunal canario- para que el próximo decreto que regule el alquiler vacacional no vulnere el dictado de la Justicia. El borrador inicial que el consejero presentó en mayo volvía a prohibir la actividad en zonas turísticas -abría la puerta, eso sí, a que cabildos y ayuntamientos pudiesen aprobar excepciones-, lo que choca con el fallo.
A la espera ahora de que el Ejecutivo dé a conocer la nueva propuesta para la regulación del controvertido negocio, los propietarios integrados en la Ascav ven en el pronunciamiento del TS un aviso para navegantes con un claro destinatario: los ayuntamientos. Reforzada en sus tesis por la prohibición de prohibir que ha dictado el Alto Tribunal, la asociación llevará ante la Justicia a todo ayuntamiento que en su opinión trate de sortear la sentencia a través de su normativa urbanística. Esto es, a juicio de la asociación, lo que subyace en la ordenanza del Ayuntamiento capitalino. Una prohibición de facto por medio de medidas como la obligación de que haya ascensores independientes para propietarios y turistas o una entrada exclusiva para que estos últimos no se crucen con los vecinos. Si esta u otras normas similares terminan por ponerse en práctica -en el caso de Las Palmas de Gran Canaria la modificación del plan general para regular el alquiler turístico aún está en fase de exposición pública-, la Ascav las pondrá en manos de la Justicia. "Evidentemente que recurriremos a los tribunales", subrayó la presidenta de la asociación, Doris Borrego.
"Esas medidas son totalmente injustificables, es una prohibición encubierta", argumentó Borrego, que defendió el alquiler vacacional como la "única" actividad que "democratiza" el sector turístico. En esta línea, la representante de los propietarios de pisos o apartamentos en alquiler vacacional hizo hincapié en que no se puede exigir a los dueños de estos inmuebles que cumplan la misma regulación que se exige a los hoteles o apartamentos convencionales. Y una vez que el TS ha resuelto que no puede prohibirse la actividad en zonas turísticas, en la Ascav temen "que los regidores municipales, a través de ordenanzas, traten de fulminar al particular, que sería tanto como pretender acabar con el pequeño comercio familiar por el hecho de que existan las grandes superficies y centros comerciales", ahondó Borrego.
Hay que recordar que ya la CNMC ha recurrido las normativas urbanísticas de los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián por entender que son contrarias a la competencia y perjudican a los consumidores. Estas normativas establecen limitaciones como que solo puedan alquilarse inmuebles en primeras plantas o plantas bajas o una oferta máxima de tres habitaciones, como en el caso de Bilbao.
A mover ficha
Desde el lado de los empresarios, la situación se ve de forma muy distinta. El gerente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Juan Pablo González, expuso que nunca quisieron que se prohibiera el alquiler turístico pero sí que se regule. "Todos los sectores de la economía tienen que estar regulados", subrayó el gerente de Ashotel, que considera que aunque la vía que en su momento siguió el Gobierno, es decir, la de la prohibición, no ha sido la acertada, ello en ningún caso abre la puerta a desregular la actividad. "Entendemos que el Gobierno tendrá que mover ficha de aquí a mayo", apuntó González, que ve un precedente en la decisión del Gobierno central de que los vecinos de un edificio puedan vedar el alquiler vacacional en el inmueble.
El gerente de Ashotel augura que la sentencia no precisamente ayudará a moderar los precios del alquiler convencional, una oferta casi inexistente en islas como Lanzarote o localidades como Guanarteme, en las que el propietario opta por los mayores beneficios del alquiler turístico. "El trabajador de las zonas turísticas se verá obligado a vivir fuera", avisa.
El presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas, Tom Smulders, argumenta, por su parte, que prefiere "500 viviendas legales, que contribuyan a un buen producto turístico, que 2.000 ilegales que lo pisoteen todo". Smulders afirmó estar a favor de la actividad "incluso en suelo turístico", pero, eso sí, siempre que la comunidad de propietarios dé su permiso. El empresario recordó que siempre que sea regulado, legal y transparente, el alquiler turístico puede contribuir a relanzar muchos complejos de apartamentos situados en la periferia de zonas turísticas, complejos hoy en desuso para el sector y en donde los conflictos vecinales no se dan.
