Sorpresa y malestar en universidades y empresas del Archipiélago. La obligación de dar de alta en el régimen general de la Seguridad Social a todos los estudiantes en prácticas, tanto los remunerados como los que no, ha sentado como un jarro de agua fría en el seno de los dos centros universitarios públicos y en el tejido empresarial de las Islas. La medida, incluida en el real decreto ley aprobado por el Ejecutivo central a finales de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, afecta tanto a alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster como a los estudiantes de Formación Profesional de grado medio o superior. Ambas partes consideran que el número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones disminuirá.
Las reticencias surgen por el impacto económico que genera la inclusión en la Seguridad Social de todos los becarios, pues hasta ahora solo era obligatorio dar de alta a los estudiantes si cobraban. Solo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) cuentan con 6.209 alumnos en prácticas no remuneradas -3.409 la primera y unos 2.900 la segunda-, lo que podría tener un impacto de cerca de 870.000 euros anuales, a razón de 140 euros por alumno. A nivel nacional la medida afecta a 534.000 estudiantes, lo que requiere un desembolso de 74,4 millones. ¿Quién se hará cargo de esas cotizaciones? Ese es el gran interrogante que tanto universidades como empresarios se plantean.
Tanto el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, como el vicerrector de Estudiantes de la ULL, José Manuel García Fraga, recuerdan que Canarias es de las pocas regiones del país en las que las prácticas curriculares son obligatorias, por lo que advierten que esta nueva medida puede dificultar la búsqueda de empresas en las que los alumnos complementen su aprendizaje. "Me parece magnífico que se dignifique el trabajo de los estudiantes en prácticas yse haga un seguimiento para que no pasen cosas extrañas, pero estas medidas tienen que tener fichas financieras y no sembrar el terreno de dudas de quién va a hacerse cargo de las altas", explica Robaina. El revuelo ha sido tal, explica, que ayer ya recibió varias llamadas de empresas para informarse de este nuevo escenario. García Fraga también mostró su preocupación por si esta medida genera rechazo en el tejido empresarial y éste se niegue a absorber al alumnado que, por obligación, tiene que realizar las prácticas para culminar su carrera.
El real decreto explica que la inclusión de todos los becarios dentro del régimen general de la Seguridad Social busca "poner fin a su situación de desprotección, lo que justifica su aprobación por razones de extraordinaria y urgente necesidad". La disposición adicional quinta de la normativa expone que el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social en el caso de prácticas y programas formativos remunerados corresponde a quien determine la normativa aplicable.
En el caso de las no pagadas, el Ejecutivo central señala a la empresa, institución o entidad en la que se encuentren los estudiantes como responsables, "salvo que en el convenio o acuerdo de cooperación disponga que tales obligaciones corresponderán al centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios".
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) lamenta que el Gobierno central legisle sobre las prácticas académicas externas sin hablar primero con las universidades, por lo que reclama la constitución de una mesa de diálogo con las universidades para abordar el desarrollo normativo previsto en la propia disposición mencionada. La CRUE advierte que esta medida, además de generar "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades, acarrea "una importante carga de gestión añadida en los servicios de prácticas".
Efecto cobra
El presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, hace referencia al denominado "efecto cobra" para hacer referencia a las consecuencias de esta medida. Una solución que busca generar un impacto positivo, explica, puede traer consigo un resultado negativo porque las empresas, al ver que sus costes aumentan, pueden cerrar la puerta a los estudiantes en prácticas.
Los sindicatos rechazan que el impacto económico sea tan elevado como apuntan los centros universitarios y empresas. El responsable de Universidades de la Federación de Enseñanza de CCOO en Canarias, Alberto Marín, explica que los alumnos tienen jornada reducida para llevar a cabo las prácticas no remuneradas, por lo que el nivel de cotización que se requiere por ellos es más bajo que el del un empleado.
Marín subraya, a su vez, que esta medida permitirá conocer el volumen total de estudiantes en prácticas y las condiciones que rodean este tipo de prácticas. "Hasta ahora existe una nebulosa muy grande y muchos veces caen en prácticas fraudulentas", advierte.
