El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales recomendó ayer a los exportadores e importadores españoles que comiencen a evaluar el impacto que tendría la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) sin acuerdo. La creciente posibilidad de que se produzca esa situación, conocida como brexit duro llevó a los responsables del departamento a recomendar a las empresas que "adelanten en la medida de lo posible las tramitaciones necesarias" para mantener el flujo comercial con Gran Bretaña. Hasta septiembre del pasado año, las Islas vendieron al país que abandona el proyecto común por valor de 35,43 millones de euros, el mínimo histórico al cierre del tercer trimestre.

La Cámara de los Comunes británica aprobó ayer una iniciativa que obliga al Gobierno de la conservadora Theresa May a presentar en tres días un plan B para la salida de la UE si, como se prevé, los diputados tumban el próximo martes el actual Acuerdo de Salida. Se trata de la segunda derrota parlamentaria de May en apenas 24 horas, después de que el martes de esta semana los Comunes aprobaran una enmienda presupuestaria que limita el gasto destinado a los preparativos de un brexit duro y exige el visto bueno de la Cámara para ampliarlo.

Los más optimistas aún defienden como lógico el aumento de la tensión a medida que se acerca la fecha para la desconexión (29 de marzo). Pero no faltan quienes sostienen que ese esquema es aplicable solamente a la negociación Reino Unido-Bruselas, pero no para la tramitación interna que los británicos hacen del brexit. De ahí que Aduanas haya enviado la mencionada misiva a diferentes empresas y organizaciones sectoriales -entre ellas la patronal hortofrutícola española Fepex-, en la que advierte de que si se produce la salida sin acuerdo, el mercado británico pasaría a tener la consideración de "tercer país sin ninguna preferencia específica".

Este escenario puede tener un "efecto significativo" entre los exportadores y sus flujos logísticos, ya que a partir de ese momento tendrán que presentar una declaración aduanera de exportación y habrá controles aduaneros y pagos de derechos arancelarios. A estas formalidades, añade la carta, pueden sumarse otros gravámenes relacionados con las "certificaciones sanitarias, fitosanitarias, de calidad o de otro tipo".

Aduanas apunta, además, que el envío de mercancías desde Canarias, Baleares y la Península al país británico requerirá de la presentación de una declaración en aduana normal que, en función del tipo y volumen de tráfico, puede ser simplificada.

En materia de imposición indirecta (IGIC o IVA), detalla que los envíos de productos al Reino Unido estarán exentos como exportaciones, al contrario de las importaciones, que sí estarán sujetas al pago de dicho impuesto y que se liquidará en la declaración aduanera. Respecto a los impuestos especiales, Aduanas remite a la normativa aduanera de la UE para aquellos productos gravados con ellos.

En un comunicado, la patronal hortofrutícola Fepex mostró su preocupación por el impacto de los futuros controles en aduanas en caso de un brexit sin acuerdo y consideró prioritario que se establezcan "mecanismos que permitan gestionar el fuerte volumen de tráfico y evitar el colapso en el acceso en puntos fronterizos como Dover". Como ejemplo, la organización empresarial detalló que sólo en el pasado mes de abril de 2018 salieron 6.000 camiones con un total de 130.862 toneladas de frutas y hortalizas españolas con destino al Reino Unido, a lo que se sumaron envíos marítimos con otras 5.316 toneladas.

Conforme al calendario hasta ahora vigente, el 15 de enero los diputados británicos celebrarán la votación que debía haberse producido el 11 de diciembre. En ella decidirán si apoyan o rechazan el texto pactado con Bruselas a finales de noviembre. En caso de que triunfe el no, el Gobierno tenía hasta ahora 21 días para anunciar su plan.

Sin embargo, diputados conservadores y laboristas se unieron ayer para lanzar la nueva iniciativa, que salió adelante con 308 votos a favor y 297 en contra. La derrota de May del martes se produjo con 303 votos a favor de limitar el gasto gubernamental y 296 en contra. Además, en la iniciativa aprobada ayer se señala que los diputados podrán agregar enmiendas a la nueva hoja de ruta que deberá presentar la primera ministra, lo que puede facilitar que se sometan a votación opciones alternativas como celebrar un segundo plebiscito o posponer el brexit.

La enmienda de ayer fue puesta sobre la mesa por un diputado del Partido Conservador, que está dividido en al menos tres facciones: los proeuropeos que defienden un nuevo referéndum, aquellos que respaldan el pacto propuesto por la jefa de Gobierno y el ala más euroescéptica, que ve con buenos ojos una salida en modo brexit duro.

Por otra parte, un portavoz del Partido Laborista insistió en que el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, baraja presentar una moción de censura contra el Gobierno si pierde la votación del martes próximo, aunque todavía no ha decidido si lo hará de forma inmediata.

En mitad de esta confusa situación, el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, subrayó ayer que resulta "esencial" prepararse en todos los ámbitos, especialmente en el económico, para la posibilidad de una salida sin acuerdo, que, confirmó, "afectaría gravemente a la economía", aunque no dio más precisiones.