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La patronal alerta de que la presión sindical alimenta la desaceleración

Los representantes de los trabajadores señalan que ha llegado la hora de atenuar la reforma laboral tras cinco años de crecimiento del PIB

Gustavo Santana, secretario general de UGT - Canarias.

Las dos patronales canarias advirtieron ayer de que la economía y la creación de empleo se resentirán si el Gobierno central cede a las presiones de los sindicatos mayoritarios. CC OO y UGT anunciaron el martes un calendario de movilizaciones que desembocará en una huelga de dos horas -todo el día en algunos sectores- el 8 de marzo si el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) no deroga por decreto ley cuestiones como la limitación de la ultraactividad de los convenios o la prevalencia de los acuerdos de empresa sobre los sectoriales.

A juicio del presidente de CEOE- Tenerife, José Carlos Francisco, fue el cambio de escenario laboral puesto en marcha al calor de la mayoría absoluta del primer Gobierno de Mariano Rajoy (PP) el que ha posibilitado "la creación de empleo" durante los últimos años. Sin embargo, para el secretario general del sindicato CC OO en las Islas, Inocencio González, dicho conjunto de normas es responsable "de la actual precariedad" de muchas de las contrataciones.

Las organizaciones sindicales señalan que ha llegado el momento de empezar de manera inmediata a recorrer el camino de vuelta a la situación precrisis. Aducen, además, que las exigencia que plantean al Gobierno de España se han negociado con los empresarios. González detalló que se trata de que, al igual que ha hecho con el salario mínimo interprofesional, el Consejo de Ministros adopte medidas que implementen las demandas que le han hecho llegar.

Los sindicatos exigen que se elimine el límite de un año para la negociación de un nuevo convenio. Es decir, que siga vigente el anterior hasta que se firme uno nuevo. La reforma laboral habilitó a los empresarios para rediseñar el marco de relación con sus trabajadores en caso de no existir acuerdo. Además, quieren que se termine con la posibilidad de que un convenio de empresa tenga peores condiciones que el del sector en el que opera y acabar con las subcontratas que instauran diferentes condiciones de trabajo y salariales en el desarrollo de una misma labor.

A pesar de que todo esto ha estado sobre la mesa de las negociaciones celebradas por ambas partes, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, rechazó que sea el Gobierno el que las materialice. "Ya ha dinamitado el diálogo social poniendo en marcha por esa vía el incremento del salario mínimo interprofesional", advirtió.

"¿Dónde estaban los empresarios cuando fue el PP el que acabó con el diálogo en 2012?", se preguntó el secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana. Además, el sindicalista aseguró que a las patronales les conviene que los acuerdos no se trasladen a la norma "para conservar su fuerza ante los trabajadores". Del mismo modo, González se quejó de que haya avances que, sin embargo, "no se plasman" y de ahí el incremento de la presión sobre el Ejecutivo.

En cambio, Manrique de Lara sostuvo que nada tiene cabida fuera de la mesa de diálogo. "En la negociación todos cedemos, por lo que cuando quieren eliminarse parte de los acuerdos, el resto dejan de ser válidos". Mientras, José Carlos Francisco mostró dudas de que un decreto ley sea jurídicamente sostenible para este caso y advirtió de la retracción de la inversión que generará la inestabilidad.

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