Los técnicos del Ministerio de Hacienda han descubierto cada día de los últimos seis años una media de casi 62 construcciones ocultas en la Comunidad Autónoma. Ese es el principal resultado de la investigación que la Dirección General del Catastro comenzó en 2013 en todo el país como parte de su estrategia para combatir la economía sumergida. El ambicioso plan de regularización catastral, en el que el Ministerio ha llegado a emplear drones para ver desde el cielo esa piscina, ese cuarto de aperos o incluso esa vivienda que se construyó sin dar parte al fisco, ha peinado los 88 municipios de las Islas. El año pasado, cuando Hacienda llevó a cabo las últimas pesquisas en suelo del Archipiélago, la inspección hizo aflorar cerca de 5.000 nuevas edificaciones ocultas, es decir, que no constaban en las listas del catastro y por las que sus propietarios, por tanto, no estaban pagando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En total, los seis años de trabajo de los alrededor de 2.300 funcionarios del Ministerio han servido para dar con casi 135.000 construcciones sin regularizar en el Archipiélago. Y eso solamente en el Archipiélago, porque en todo el país se cuentan por millones los inmuebles urbanos -viviendas, locales, etcétera- y rústicos -un almacén en una finca, por ejemplo- por cuyos titulares venían eludiendo el pago de impuestos.
En concreto son más de tres millones las construcciones que no figuraban en la base de datos de la Dirección General del Catastro, según los datos que acaba de recopilar el organismo público a la finalización de su plan de actuaciones. En el caso de Canarias, de acuerdo con la información facilitada a este diario por el Ministerio de Hacienda, la cifra de inmuebles sin declarar es, exactamente, de 134.873. Se trata en todos los casos de edificaciones que se han regularizado gracias al plan que se comenzó a poner en práctica en enero de 2013, aún con el popular Cristóbal Montoro a los mandos de las cuentas públicas del Estado.
Los resultados de la macroinvestigación de Hacienda ponen de manifiesto hasta qué punto existía en las Islas una bolsa de fraude fiscal relacionada con las construcciones irregulares. Los funcionarios, en ocasiones apoyados en drones, cámaras y demás tecnologías que pudieran ayudar en la tarea de descubrir bienes inmuebles ocultos -de especial relevancia fue la ayuda de los drones para fotografiar las muchas piscinas que se construyeron sin que los propietarios comunicaran las obras al fisco-, contabilizaron 64.739 casos de ampliaciones y/o rehabilitaciones de viviendas o locales de las que no tenían conocimiento. De modo que un 48% de los prácticamente 135.000 casos de elusión fiscal descubiertos en Canarias, casi uno de cada dos, tiene que ver con propietarios que mejoraron o hicieron mayores sus casas -por ejemplo, con la construcción de una nueva habitación o de un nuevo cuarto de baño o con la incorporación de una terraza donde antes solo había suelo sin edificar-, sus locales o incluso sus edificios de oficinas sin dar parte de ello al fisco. Hay que recordar que las mejoras, reformas y ampliaciones de los bienes inmuebles repercuten directamente en la cuota del IBI, de ahí que haya que comunicar a la Dirección General del Catastro los trabajos que incrementen el valor de la casa, el local o cualquier otro bien inmobiliario. Y es que no es lo mismo ser propietario de una casa de 90 metros cuadrados que de una de 200, y tampoco lo es a efectos tributarios. A esas 64.739 obras de mejora y/o ampliación se suman 20.231 trabajos de reforma o de cambio de uso del inmueble -como los casos de edificios de viviendas que se adaptan para oficinas, por ejemplo- que también se ejecutaron en negro.
Pero el fraude no se acaba en las reformas o ampliaciones, sino que hay también casos, y no precisamente pocos, en los que se levantan nuevas viviendas o nuevos locales o edificios sin que la Hacienda pública tenga el más mínimo conocimiento. Los técnicos del Ministerio encontraron en el Archipiélago en estos seis años la friolera de 47.206 nuevas construcciones sin declarar. Y ahí entran situaciones como esas en las que lo que siempre fue una caseta de campo acabó convirtiéndose en un coqueto chalé familiar para pasar las vacaciones y los fines de semana. Y aún faltan por contabilizar los muchos casos de piscinas que se construyeron en el jardín y de las que tampoco se informó al fisco.
Más de 4.000 piscinas encontraron los drones de Hacienda donde no había constancia de que hubiera nada. Unas 4.050 edificaciones para disfrutar del buen tiempo que también escondieron sus dueños -voluntariamente o por desconocimiento- para no pagar el IBI.
Cuando en el fisco descubren alguno de los casos descritos, la agencia regional de la Dirección General del Catastro envía una carta al propietario para notificárselo. A partir de ese momento, el contribuyente dispone de 15 días para presentar alegaciones si así lo considera. No está de más, si quiere que Hacienda considere su defensa, adjuntar fotografías, tal como recomiendan los expertos. Si definitivamente resulta que ha cometido una infracción, el propietario tendrá en primer lugar que pagar 60 euros por la apertura del expediente sancionador. Además, se le notificará también el incremento de la cuota del IBI -también llamado la contribución - y se le reclamará el pago de las cantidades no abonadas en los cuatro años anteriores -las deudas prescriben a partir del quinto- y los correspondientes intereses de demora. Eso sí, este catastrazo no implica necesariamente el pago de multas, cuestión esta que es competencia municipal y autonómica.
