La Audiencia Nacional juzga desde hoy, casi 20 años después del inicio de las pesquisas, una macroestafa de vacaciones en multipropiedad en Canarias -tanto en Gran Canaria como en Tenerife- que dejó al menos 205 víctimas identificadas y que sentará en el banquillo a diez personas para las que Fiscalía pide hasta 10 años de prisión y multas por encima de los 2 millones de euros. El cabecilla de la trama era el británico John Palmer, que fue asesinado en 2015. Palmer, conocido como Goldfinger (dedo de oro), siempre se le consideró el cerebro del robo de lingotes de oro valorados en unos 30 millones de euros a una empresa de seguridad en 1983 en el aeropuerto de Heathrow.

Esta investigación ha pasado por las manos de cuatro jueces instrucción de la Audiencia Las primeras diligencias se incoaron en el año 2000, cuando Baltasar Garzón era el titular del Juzgado Central 5. Después vinieron Fernando Grande-Marlaska -ahora ministro del Interior-, Pablo Ruz y el actual titular de la plaza, José de la Mata, que se incorporó en abril de 2015. Dos meses después, puso fin a la instrucción y envió el caso a juicio. Los encausados están acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales, estafa y, en un caso, de tenencia ilícita de armas por un macrofraude en la venta de paquetes vacacionales en multipropiedad o a tiempo compartido que se desarrolló entre 1993 y 2002 en el Archipiélago y que se saldó con 205 damnificados, en su mayoría turistas extranjeros.

Estas personas trabajaban en la estructura empresarial que creó Palmer en los años 80 en las Islas y que resultó una "maquinaria ad hoc para realizar estafas en la venta de apartamentos a tiempo compartido entre 1993 y 2002", según el escrito de acusación. Goldfinger, que se afincó en Tenerife a principios de los años 90, fue condenado a ocho años de cárcel por un delito de estafa en un tribunal londinense en 2001. Los diez que ahora se sentarán en el banquillo continuaron con el negocio mientras su jefe estaba en prisión, informa Europa Press.

La mecánica de engaños de esta organización fue modificando para sortear las leyes, como la que en 1998 puso en España coto al negocio de la multipropiedad, un modelo de compra de apartamentos vacacionales compartidos entre varias personas que pagaban para poder disfrutarlos una serie de semanas pactadas al cabo del año. Al principio se centraban en la venta compartida de apartamentos, algunos en complejos de su propiedad, otros que habían comprado en urbanizaciones ajenas y otros que ni siquiera habían comenzado a edificarse ni llegarían nunca a estar construidos. Después, ya con la ley en vigor, comenzaron a explotar la modalidad de "paquete de vacaciones o adhesión a un club".

En algunos contratos prometían la reventa de su multipropiedad a cambio de sumarse a ese presunto club vacacional o recibían una cantidad de dinero por un cheque que se suponía que podrían cobrar más adelante. En ambas modalidades, el cliente pagaba una primera parte en las oficinas de la organización y el resto de cuotas, ya desde su país, mediante transferencias bancarias para el supuesto mantenimiento de los apartamentos que ni siquiera estaban acordados contractualmente, que no paraban de subir y cuyo impago conllevaba perder todo lo invertido y asumir penalizaciones. Los clientes que no tenían liquidez para asumir la compra de la multipropiedad o del supuesto paquete de vacaciones, firmaban un préstamo con una sociedad financiera que resultó formar parte del mismo entramado.

La Fiscalía sostiene que el dinero se blanqueaba. El primer cobro que realizaban en sus oficinas se hacía con tarjeta de crédito y acababa en las cuentas que la organización tenía en España y que utilizaban para costear su propio funcionamiento. La mayor parte del dinero procedente de la estafa lo ingresan las propias víctimas en números de cuentas extranjeras que la organización tiene abiertas en paraísos fiscales, sobre todo en Jersey y en la Isla de Man.

Los acusados son Darren Morris, a quien se le encontró una pistola del calibre 9 parabellum; Richard Cashman, considerado el lugarteniente de Palmer, pues le encargó dirigir "todos los negocios" cuando tuvo que entrar en prisión; Crhistine Ketley, sentenciada junto a Palmer a dos años por conspiración para cometer fraude y cuyo plazo de condena ya ha prescrito; el abogado Ramón Solano, que ejercía de hombre de confianza fuera de España; Jacoba Visscher, que dirigía la sede de Dinastía Resort; Paul Murray, que se encargaba del circuito de dinero; Keith Peter Davies, representante de la organización en Gran Canaria y Jorge Gallat, administrativo y gestor que a partir de 2001 sustituyó a Solano.

Junto a ellos, estará en el banquillo uno de los que según el fiscal, sería "uno de los máximos responsables del delito de estafa", Neil Campbell Lockie, administrador y socio mayoritario de la empresa Platinum Holidays que vendía los paquetes de vacaciones y el cashback -el dinero a cambio de un cheque- en varios puntos de Gran Canaria. También Dean Wells, "uno de los miembros importantes" de la organización por ser el responsable de los jefes de ventas.