Richard Cashman, presunto lugarteniente de John Palmer -cerebro del robo de lingotes de oro de 1983 en el aeropuerto de Heathrow (Londres) y popularmente conocido como Goldfinger -, negó ayer que liderara la red de estafas a turistas mediante multipropiedad de apartamentos desarticulada en 2002 en Canarias. La macroestafa habría dejado al menos 205 víctimas identificadas.
La Audiencia Nacional inició ayer el juicio de Richard Cashman y otros siete acusados para los que la Fiscalía pide multas de dos millones de euros y penas de entre ocho y doce años de prisión por delitos de asociación ilícita, estafa y tenencia ilícita de armas, según casa caso.
John Palmer falleció en junio de 2015 a los 64 años en su lujosa vivienda de Brentwood, en Essex (Reino Unido), tras recibir dos disparos de un calibre tan pequeño que apenas fueron detectados en un primer momento.
Según el fiscal, Palmer creó a principios de los años 80 una estructura empresarial en las Islas que junto a la prestación de servicios turísticos se convirtió en una maquinaria para realizar estafas en la venta de apartamentos a tiempo compartido en el sur de Gran Canaria y Tenerife entre 1993 y junio de 2002, fecha de las detenciones.
Añade que la estructura fue dirigida por él hasta su ingreso en prisión a raíz de una sentencia dictada en 2001 por un tribunal de Londres que le condenó a ocho años de prisión por estafa y fraude a los compradores de propiedad a tiempo compartido y que a raíz de ello Cashman se hizo cargo de sus negocios.
La Policía española inició la investigación a raíz de numerosas denuncias interpuestas por parte de turistas extranjeros contra sociedades y empresas vinculadas con la organización de Palmer.
Cashman admite que llegó en 1993 a Tenerife y que desde entonces trabajó para Palmer pero niega que tuviera nada que ver con la venta de los apartamentos en multipropiedad ya que se encargó primero de la seguridad y después de la gestión de bares, restaurantes y servicio de alquiler e coches de los complejos turísticos isleños, con unos dos mil apartamentos.
Aseguró ayer que en todo momento seguía las instrucciones que le daban Palmer desde la cárcel y la mujer de este, como por ejemplo firmar cheques, para lo que le apoderaron pero solo para pagar a empleados y proveedores de la empresa.
A colación de sus palabras el fiscal le preguntó por una conversación telefónica grabada por la Policía que mantuvo con la esposa de Palmer en la que el acusado le comentó que si se le hacía la competencia en las Islas a su marido podía pasar algo malo, incluso asesinatos. "Es completamente mentira, nunca hablé de nada de eso con ella", aseguró Cashman.
Al comienzo de la vista sentaron en el banquillo diez acusados pero el tribunal ha aceptado la alegación de prescripción de los delitos formulada por dos de ellos que han quedado exentos de este procedimiento. Se trata de Christine Ketley, que fue sentenciada junto a Palmer en un tribunal londinense en 2001 a dos años de cárcel por conspiración para cometer fraude.
Según el fiscal, esta sería una persona de mucho peso en la organización que había desplegado el británico en Canarias. Pedía para ella 10 años de prisión por delitos de asociación ilícita, estafa y blanqueo y más de dos millones de euros de multa, pero el Tribunal entiende que los delitos por los que fue acusada y detenida en 2008 ya han prescrito.
Asimismo, ha quedado fuera del banquillo de los acusados el abogado Ramón Solano, considerado hombre de confianza de Goldfinger y que además de llevarle la asesoría jurídica, se encargaría de supervisar los intereses de la organización fuera de España.
El Ministerio Público solicitaba 8 años de cárcel para él por asociación ilícita y estafa además de multas de 26 meses a razón de 50 euros al día, pero al igual que en el caso de Ketley, la Sala entiende que ha prescrito.
