Una nueva herramienta desarrollada por el Registro Mercantil permite conocer las empresas radicadas en paraísos fiscales o países de elevados índices de opacidad fiscal que forman parte (al menos en un 25%) de sociedades españolas. Los datos desagregados de Canarias revelan que 308 negocios del Archipiélago se sirven de entramados que presuntamente ayudan a eludir al fisco. Esta forma de operar no implica en todos los casos comportamientos al margen de la ley.
De hecho, el país que acumula más empresas que participan en negocios de las Islas es Holanda, con 188. "En absoluto es opaco", señala el asesor fiscal Orlando Luján. No obstante, la normativa fiscal de los Países Bajos convierte en apetecible el control de las empresas españolas desde esa nación. Además, tiene bajo su jurisdicción las Antillas Holandesas y eso es ya otro cantar más desafinado.
El decano del Colegio de Registradores de Las Palmas, Rafael Robledo, explica que la puesta en marcha de la herramienta responde al mandato de la Unión Europea (UE), ya trasladado al ordenamiento jurídico español, de transparentar quiénes "tienen capacidad real de decisión en las empresas". Si por el momento solo revela la presencia de las personas físicas o jurídicas que ostentan al menos la cuarta parte del capital social, en el final del camino aparece el reto de bajar el filtro "hasta el 10%".
En los puestos altos de los países de procedencia de las que podrían ser sociedades pantalla o testaferros cuya única utilidad es el ahorro fiscal y alejado de las arcas españolas, aparece también Luxemburgo, con 49. "Un país de pleno derecho de la UE", apunta Luján, si bien en ocasiones ha alumbrado alguna modalidad de sociedades que no son todo lo transparentes que demanda el tiempo presente.
"Red interconectada"
Los países occidentales presionan para que la transparencia sea total y con ello se permita abordar con garantías la lucha contra el blanqueo de capitales provenientes de actividades delictivas como, por ejemplo, el tráfico de armas o de droga, y poner cerco a la financiación del terrorismo. Para ello es necesario contar con "una red interconectada", apunta Robledo. Cada país cuenta con la información de las empresas inscritas en sus respectivos registros, pero conectar a todos con todos permite cruzar la información y concluir en un quién es quién mucho más exacto.
El decano del Colegio de Registradores de Las Palmas señala que la Fiscalía General del Estado ya "ha firmado un convenio" para la utilización de este medio. Las consultas son posibles por DNI y también introduciendo el nombre de la sociedad. En esta primera fase se pone a disposición de las autoridades que persiguen los delitos, pero habrá una segunda en la que se abrirá a otros gremios que también tienen protagonismo en este ámbito como pueden ser "operadores jurídicos o bancarios", apunta Rafael Robledo. Una tercera fase permitirá el acceso on line al público en general previa valoración de si la consulta tiene justificación o no.
Más abajo de Luxemburgo aparece Irlanda (22), que como el anterior cuenta con un historial de acuerdos ad hoc con determinadas empresas al margen del marco legalmente establecido. Trata con ellos de atraer grandes multinacionales y sonado fue el caso de Apple, empresa a la que la Justicia europea condenó a ingresar todo el ahorro de impuestos que se había generado por debajo de la mesa.
Dudosa legalidad aparte, el propio marco fiscal de la República de Irlanda ya resulta de por sí atractivo. El tipo impositivo que grava los beneficios obtenidos por las compañías (Impuesto de Sociedades) es del 12,5%, la mitad del español. Claro que la existencia de un diferencial no es motivo de sospecha. También lo consagra de otros modos el Régimen Económico y Fiscal (REF) con que cuenta Canarias.
Ahora bien, lo que no es de recibo para la Hacienda pública es que un negocio opere plenamente en España, pero no pague aquí sus impuestos porque uno de sus socios de referencia es una mercantil creada en otro país con el solo propósito de tributar más barato allí.
Entre Luxemburgo e Irlanda, aparece uno de los paraísos fiscales pata negra: la Isla de Man (28). De semejante tenor, también figuran en el listado las Islas Vírgenes Británicas, con cuatro, y Jersey, Gibraltar y Andorra, cada uno con dos empresas que participan de manera importante en negocios radicados del Archipiélago.
Más dudas ofrece Panamá, país de origen de siete inversores que forman parte de mercantiles canarias. Si bien se ha escrito en el pasado abundante literatura sobre la nación del canal americano y su opacidad, desde julio de 2011 mantiene un convenio de doble imposición con España. "Un acuerdo de estas características implica la obligación de intercambiar información", aclara Luján.
Es decir, las autoridades panameñas no pueden oponerse a facilitar la información que se les requiera sobre las sociedades de ese país que integran el entramado societario de compañías españolas.
El asesor fiscal canario recuerda que al depositar en el registro las últimas cuentas, las correspondientes al ejercicio 2017, las empresas españolas tuvieron por vez primera la obligación de informar sobre quiénes son sus "titulares reales". En otras palabras, tuvieron que revelar quienes tenían, precisamente, al menos el 25% de las acciones o participaciones de la compañía.
