Más de 19.000 personas mejoraron sus condiciones laborales en 2018 gracias a la Inspección de Trabajo en Canarias. La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno regional, Cristina Valido, presentó el balance anual en material laboral y aseguró que la mejora de los procedimientos empleados por los inspectores ha permitido que afloraran 4.725 empleos que se encontraban en la economía sumergida. Del mismo modo, 2.208 contratos temporales se transformaron en indefinidos, lo que supone un incremento del 31% con respecto al ejercicio anterior, y se incrementó la jornada laboral de un total de 2.528 contratos a tiempo parcial, un 17% más que en 2017.

Valido afirmó las buenas relaciones que mantienen con el sector empresarial y con los sindicatos, les han permitido "detectar irregularidades en contratos, mejorar la protección social de muchas personas, así como sus condiciones de salud y seguridad en los puestos de trabajos".

Los sectores en los que se detecta más economía sumergida son el de la hostelería, el comercio y el de servicios. Por este motivo, Valido aseguró que la Consejería tiene un "compromiso importante" para reforzar la inspección porque "en las Islas estas actividades tienen un gran peso en la economía y es necesario tener un control contundente de la contratación, dado los datos de paro que tenemos".

Inspección laboral

El director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Canarias, Francisco Guindín, explicó que en 2018 llevaron a cabo más de 60.000 actuaciones, un 3,5% más que el año anterior, lo que se traduce en un promedio de 180 actuaciones diarias en el Archipiélago. Según la consejera de Empleo, el incremento de las inspecciones no se debe a que haya más infractores, sino a que "los procedimientos que estamos utilizando para determinar las empresas que se visitan cada vez están más afinados y el cruce de datos entre administraciones señala a las empresas que tienen un altísima probabilidad de que estén en situación de fraude"

Según explicaron Valido y Guindín, estos "buenos resultados" se han logrado gracias a la puesta en marcha de algunas medidas por el Gobierno como el Plan Director por un Trabajo Digno, llevadas a cabo en el segundo semestre de 2018; el Plan de Choque contra el abuso y fraude en la utilización de los contratos temporales, el control de la jornada de trabajo en los contratos a tiempo parcial; así como la aplicación del Plan Extraordinario de la Inspección, fruto del convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Empleo.

La Inspección de Trabajo impuso 5.386 sanciones a lo largo de 2018 y su cuantía superó los 33 millones de euros. En este sentido, la consejera quiso recomendar a las empresas que es importante cumplir con la legalidad porque "las sanciones y las responsabilidades de los empresarios que tienen a gente sin contrato son lo suficientemente serias como para que intenten seguir con esa línea".

Para este año, la Inspección de Trabajo prevé realizar más de 60.000 actuaciones en cumplimiento de las más de 27.000 ordenes de servicios programadas y, próximamente, contará con la incorporación de cinco nuevos subinspectores laborales.

Siniestralidad laboral

El pasado año se registró el mayor número de notificaciones de enfermedades profesionales, incremento que Guindín justificó diciendo que no se debe a una mayor siniestralidad laboral, sino a que se han logrado mejorar los procedimientos de identificación de las enfermedades derivadas por el ejercicio de las profesiones y, por tanto, se puede poner solución a problemas que antes no se detectaban.

Por otra parte, Valido valoró la ampliación del catálogo de enfermedades profesionales por parte de la Dirección General de Trabajo y del Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL). "Este catálogo ha servido de base para que a nivel nacional se reconozcan problemas como la epicondilitis o el túnel carpiano como dolencias asociadas a la labor profesional", detalló la consejera del área, quien recordó el "intenso trabajo" que se ha realizado para mejorar las condiciones laborales en el sector de la hostelería.

Por último, hizo balance de la mejora de los planes de igualdad "para conseguir la equidad en el cumplimiento de los derechos laborales entre mujeres y hombres" y destacó la creación del Buzón Lila, "una herramienta que permite comunicar de forma anónima cualquier situación de desigualdad de la que pueda ser testigo".