El pulso que mantiene el colectivo de taxistas contra las VTC en las principales capitales españoles, Madrid y Barcelona, ha tenido resultados bien distintos. Las razones de esta diferencia tienen que ver con la capacidad de presión de cada una de las partes y el color del partido político que está al frente de los gobiernos regional y local de una y otra. Lo común en ambos casos es que el derecho de los usuarios es, con diferencia, el que menos está condicionando sus decisiones en el conflicto de intereses que tienen que resolver.
En el caso de Madrid, los taxistas intentaron paralizar la ciudad cuando se celebraba la feria internacional que más prestigio, e ingresos, reporta a la capital de España: Fitur. Pero su intención de provocar el caos circulatorio y hacer fracasar el evento no tuvo éxito. La existencia de transportes alternativos, y su buen funcionamiento al incrementarse las frecuencias de metros y autobuses, hizo fracasar el cálculo que hicieron los taxistas al valorar su capacidad de presión. Barajaban para ello dos fortalezas: su posición de pseudo-monopolio en el sector del transporte y la próximidad de las elecciones autonómicas y locales de mayo: "Si yo fuera el presidente de esta comunidad autónoma no cedería a la presión de los taxistas", comentó un alcalde canario al llegar al recinto ferial. "Salvo que ocurriera en tu municipio", le replicó otro. Pero el caso es que el presidente madrileño, Ángel Garrido, no se presenta a las próxima convocatoria electoral, porque su partido, el PP, optó por otra candidata: "Nos reuniremos con los representantes de los taxistas el lunes [mañana], pero no aceptaremos la vía Colau", advirtió.
Garrido versus Colau
La solución del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de aceptar las condiciones del colectivo de taxistas de exigir que la contratación de las VTC se realice con una antelación mínima de15 minutos, se ha saldado con "el mayor ERE de la historia de Cataluña en un solo día". Así al menos lo calificaron los propietarios de las principales empresas que poseen los coches utilizados por Uber o Cabify en la capital catalana: Vector Ronda y Moove Cars. Unos 3.500 trabajadores, muchos de los cuales se autodefinieron con "hijos de la crisis a los que nos volvieron a dar una oportunidad", se han quedado sin empleo. Garrido y Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, representan la visión liberal y antiglobalización del impacto que las nuevas tecnologías están provocando en determinados negocios convencionales. Y es que la economía digital no ha escapado, como nada en España, a la confrontación política en dos bloques.
Lo global y lo local
De ahí que los partidos conservadores, como PP o Ciudadanos, apuesten por la liberalización del sector y la convivencia del transporte convencional y digital. Mientras que para los partidos de izquierda: el PSOE y sobre todo Podemos y sus confluencias, este tipo de negocios emergentes "están en manos de multinacionales, que tributan fuera de España y explotan a los trabajadores del sector". Recogen de este modo las tesis de los propios taxistas, que se manifiestan bajo pancartas que llevan como lema: No a la globalización.
Esta simplificación de un problema complejo, y su identificación con los males generados por la globalización, esconde que la digitalización de la economía pone en riesgo determinados empleos, pero a su vez crea otros. Y que muchos trabajadores y empresarios locales sobreviven, viven y se benefician también de esos negocios que promueven y mueven grandes plataformas digitales.
Junto al transporte, el turismo es el otro sector en que más ha impactado esta economía. Y con la irrupción del fenómeno del alquiler vacacional ocurre tres cuartos de lo mismo: hoteleros y propietarios de viviendas mantienen el mismo pulso que taxistas y conductores VTC, sin que los gobiernos terminen de acertar en la fórmula legal que permita a ambas ofertas convivir de forma pacífica.
En este caso, el conflicto de intereses está muy presente en Canarias, hasta el punto de que el decreto elaborado por el Gobierno autónomo ha sido puesto como ejemplo por el sector hotelero para otras regiones. Pero el Tribunal Supremo ha terminado por dar la razón a la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) y, en su auto, no solo rechaza que se prohiba la actividad en zonas turísticas y alquilar habitaciones: "La norma persigue de manera evidente evitar que se ponga en el mercado un producto que por su precio reducido compita con la oferta de alojamiento hotelero, lo cual lesiona la libre competencia", argumenta el TS.
También la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia viene advirtiendo, con idéntica rotundidad, que la actitud de taxistas y hoteleros restringe la libre compentencia en sus respectivos sectores. Y que los gobiernos están avalando prácticas monopolísticas. De ahí que los taxistas, lejos de plantearse una reconversión para adaptar su medio de transporte a los nuevos tiempos, insistan en que "la precontratación de los VTC aparezca con detalle en una ley y no en una ordenanza municipal". Entienden que, así, la norma tendrá mayor protección frente a un potencial cuestionamiento por parte de la CNMC.
También el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, ha sostenido que, pese al fallo, debe respetarse el decreto y ordenar una modalidad que, "aunque gusta a ciertos turistas, ha de tener las mismas correspondencias que nosotros". Ante estos objetores del arbitraje, judicial o no, la pelota sigue estando en el tejado de los Gobiernos y su capacidad para conciliar intereses encontrados.
