El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, descartó ayer que la subida del salario mínimo interprofesional sea la causa del mal arranque de 2019 que ha protagonizado el empleo. Desde Las Palmas de Gran Canaria, a donde acudió para preparar el anunciado inicio de año caliente junto a delegados de la formación sindical, Álvarez aseguró que es "el sistema productivo" lo que falla.

Para el líder sindical, Canarias es un "gran ejemplo" que demuestra que no basta con tener un potente sector alojativo para acabar con el problema del paro. "Somos un país turístico", expresó en referencia a toda España, pero advirtió de que la totalidad del gasto que realizan los visitantes no se queda en el Estado.

"Quien se empeñe en mirar hacia Marruecos en lugar de a Alemania está equivocado", advirtió Pepe Álvarez en referencia al ámbito salarial. Además, subrayó el "escándalo" que según sus palabras supone el reparto de los beneficios acumulados por los empresarios en los últimos años.

Álvarez presentó junto al responsable del sindicato en las Islas, Gustavo Santana, el plan de acción que desembocará en el paro de dos horas convocado para el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer. El incremento de la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez tiene como objetivo que el Ejecutivo dé carta de naturaleza a "seis meses de negociaciones" para eliminar algunos preceptos de la reforma laboral que el PP aprobó en 2012.

Entre esas demandas se incluye la recuperación de la ultraactividad de los convenios, de los que actualmente puede descolgarse de manera unilateral la empresa si las negociaciones para la firma de un nuevo acuerdo superan el año de duración. Además, quieren que los convenios de empresa se sometan a los sectoriales, sin poder obviar ninguna parte de su contenido.

"Presiones" sobre Sánchez

A juicio del líder sindical, si estos cambios no ven la luz es porque existen "presiones" sobre el presidente español y su Gobierno. Al respecto, Álvarez explicó que los informes que difunden la patronal y las entidades financieras siempre "van en la misma dirección, la de machacar para perpetuar la esclavitud" contenida en esa reforma laboral del PP.

No obstante, y aun reconociendo que populares y Ciudadanos (Cs) tienen "secuestrada" a la Mesa del Congreso de los Diputados para evitar el debate sobre cuestiones de carácter social, advirtió que el Ejecutivo español debe hacer cambios de manera inmediata. "Tiene que ser consciente de que la población no puede aguantar más", señaló.

Tampoco es casual la elección del 8 de Marzo. Pepe Álvarez subrayó que con ello se pretende generar "debate sobre la situación laboral de las mujeres" y el final "de la violencia" que padecen. Además, señaló la necesidad de mostrar una rotunda oposición contra el machismo "que tiene la desvergüenza" de mostrarse en público. De ese modo se refirió, sin nombrarla, a la irrupción de Vox en Andalucía.

Por otro lado, Álvarez afirmó que solo el debate en el Congreso de los Diputados permitirá al Gobierno de Canarias "enmendar" el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 diseñado por el Ejecutivo central. Lo contrario, supondría, a su juicio, impedir que las Islas reciban "400 millones de euros más" que si se prorrogan los del pasado ejercicio.

Para su homólogo en las Islas, Gustavo Santana, la enmienda a la totalidad con que amenazan los nacionalistas supone un "retrato" de la posición que defienden. En opinión del máximo dirigente de la organización sindical en Canarias, el "frente social" que demanda el Gobierno de Fernando Clavijo, no es sino "un frente empresarial".

Santana delimitó de ese modo el alcance de los incumplimientos con el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el nuevo Estatuto de Canarias que, en opinión de Coalición Canaria (CC), contiene el proyecto presupuestario. "Que se estudien la ley", enfatizó al señalar que el REF no obliga al Estado, por ejemplo, a sufragar un plan de infraestructuras educativas, sino simplemente a becar a jóvenes canarios para fomentar su participación en labores de investigación y desarrollo.

Tras los dos dirigentes sindicales se situó un grupo de trabajadoras de la empresa Ralons, adjudicataria del servicio de limpieza en los colegios de la capital grancanaria, que protestaban por el impago de sus salarios. El secretario general de UGT instó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a dar por finalizado el contrato. "Acabemos con estos piratas (...) que degradan las condiciones de trabajo hasta el infinito", demandó Pepe Álvarez.