Las tres sentencias que el Tribunal Supremo ha emitido desde las últimas semanas del año pasado han disparado las peticiones para dar de alta nuevas viviendas destinadas al alquiler turístico en las Islas. Las declaraciones responsables de inicio de actividad, trámite suficiente que consagran las citadas decisiones del Alto Tribunal se agolpan en los registros de los cabildos. En el primer mes del año prácticamente se duplicaron en Lanzarote y Tenerife con respecto a diciembre.
La razón a este notable incremento se encuentra en la libertad que han encontrado los propietarios de inmuebles destinados a esta modalidad alojativa en zonas turísticas para regularizar su actividad. Hasta el momento no podían hacerlo, porque el decreto en vigor del Gobierno de Canarias impedía el alquiler vacacional en esas áreas de alta concentración del negocio alojativo tradicional.
"Imagino que se trata de ciudadanos que ya venían prestando ese servicio y quieren legalizarlo tras las sentencias", explica el consejero de Ordenación Turística del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio. Dicha institución insular recibió en enero 111 declaraciones responsables de inicio de actividad; en diciembre, solo 56.
En todas las islas
La tendencia se confirma en el resto de islas. En el registro del Cabildo de Tenerife entraron 460 en el primer mes del año, mientras que en los dos anteriores fueron 201 (noviembre) y 268 (diciembre). En Fuerteventura se produjo un auténtico valle en el último mes de 2018, con solo nueve peticiones, que se convirtieron en 125 desde que se conoció la primera sentencia. En Gran Canaria manejan los datos de modo diferente y solo se da a conocer el número de expedientes que llegan a buen puerto, pero fuentes autorizadas aseguran que también se ha notado un repunte. En el mismo caso se encuentra La Palma, desde donde aun sin números en la mano se confirma el incremento del interés por la inscripción de viviendas vacacionales.
Los fallos del Tribunal Supremo suponen para la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) una "buenísima noticia". Así los valora Javier Valentín, vicepresidente y abogado del colectivo, que desde el primer momento alertó de la impertinencia de incluir en el decreto zonas de exclusión.
También en su opinión el aumento de las inscripciones responde a la salida del limbo jurídico de los arrendadores que venían alquilando sus inmuebles a los turistas sin posibilidad de regularización. "El repunte significa la voluntad que tienen de legalizar su actividad", señala el vicepresidente de Ascav, "y pagar impuestos". Para la tramitación de la declaración responsable se exige el alta en el IGIC, que los propietarios de viviendas vacacionales han de cobrar (6,5%) a sus clientes y liquidar trimestralmente con la Administración.
En opinión de Javier Valentín, carece de sentido legal incluir en una norma la imposibilidad de desarrollar un negocio en según qué zonas. De ahí que recuerde que la asociación lo venía advirtiendo "desde el principio", cuando el anterior Gobierno de Canarias aprobó el decreto que primero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y después el Supremo han tumbado en sus aspectos más controvertidos.
El actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se comprometió a revisar la norma y elaborar una nueva. Tardó tres años en ver la luz un borrador que ahora se retoca porque también incluía esas áreas de exclusión, si bien reservando la última palabra a cabildos y ayuntamientos. "Esperamos que tampoco prospere esta medida en caso de que se apruebe en estos términos", explica Valentín sobre el nuevo decreto.
Con todas las leyes que el Ejecutivo autonómico tiene entre manos y a poco más de tres meses de las elecciones autonómicas, la probabilidad de que la tarea quede para el siguiente Gobierno es decididamente alta.
Por otra parte, el mercado está modulando la intensidad de esta modalidad alojativa. Si en un principio irrumpió con gran vigor, ahora amaina. Echedey Eugenio asegura que ya empiezan a proliferar los "alquileres de larga temporada", es decir, para vivir. El abogado de Ascav apuntala esa percepción. "Decían que íbamos a exterminar los arrendamientos residenciales y es cierto que muchos propietarios se dieron de alta en el alquiler vacacional porque pensaban que les tocaba la lotería, pero el tiempo ha demostrado que no es así", concluye.
