La trama de UGT-Canarias se apropió de unos 872.000 euros de los fondos públicos que el sindicato recibió de 2006 a 2010 para la formación de trabajadores. La organización usaba la Fundación para el Desarrollo Social (Fundescan) como instrumento para financiarse con las subvenciones que le concedía el Gobierno regional. Así consta en el auto de procesamiento contra los 26 encausados y contra el propio sindicato que el 28 de febrero, hace apenas una semana, dictó el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria. El juez , pues, ha hallado indicios racionales de culpabilidad.
La resolución judicial expone que la dirección de UGT-Canarias no solo controlaba totalmente la fundación -nombraba a los miembros del patronato, que pertenecían al sindicato-, sino que la utilizaba "como un instrumento para la financiación de forma indirecta de UGT-Canarias". Y como el dinero que manejaba Fundescan procedía fundamentalmente de las arcas públicas, eran estas las que alimentaban indebidamente la caja del sindicato. "Principalmente mediante la obtención de subvenciones concedidas por el Gobierno de Canarias destinadas a la formación de trabajadores, y más concretamente para el desarrollo de los denominados planes de formación", reza textualmente el auto de procesamiento.
El modus operandi de la trama era sencillo. UGT solicitaba las subvenciones al Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo que depende del Ejecutivo autonómico, y después subcontrataba a su propia fundación para que ejecutara las tareas de formación de los trabajadores. Hasta aquí no había nada ilegal. Pero el caso es que los responsables del sindicato en aquellos años no transferían todo el dinero público a las cuentas de Fundescan, sino que ordenaban que una parte se la quedara UGT. Así, fondos que debían servir para actividades formativas acabaron pagando "gastos propios del sindicato totalmente ajenos a los planes de formación", ahonda el auto.
En el escrito se detallan de forma pormenorizada las cantidades que recibía UGT, las que transfería a Fundescan y las que se quedaba irregularmente. A finales de 2006, y para acciones de formación profesional continua, el SCE concedió al sindicato un montante de, exactamente, 2.375.249,26 euros. A mediados de 2007, el Servicio Canario de Empleo autorizaba a UGT a subcontratar a Fundescan, de modo que iba a ser la fundación, como "entidad vinculada al sindicato", la que llevaría a cabo la encomienda. Fue UGT la que pidió a la dirección del SCE que permitiera la subcontrata. Sin embargo, de los casi 2,4 millones de la subvención solo llegaron a la caja de la fundación 2.217.866,78 euros. Los 157.382,48 euros que faltaron fueron la primera apropiación, un dinero que por orden de los imputados se quedó UGT-Canarias para "cubrir gastos totalmente ajenos a los cursos".
La historia se repitió con el mismo guión en la siguiente convocatoria de subvenciones. De los 2.569.578 euros que el SCE le concedió al sindicato el 28 de diciembre de 2007, solamente acabaron en manos de Fundescan -UGT había vuelto a pedir permiso para que fuera la fundación la que llevara a cabo la encomienda pública- un total de 2.307.927,5 euros. Otros 261.659 euros se fueron así a la caja del sindicato de manera irregular. "También en este caso los imputados ordenaron que UGT-Canarias se quedara con la diferencia entre el importe de la subvención concedida y la cantidad transferida a Fundescan [...], cantidad que se aplicó a cubrir gastos de UGT-Canarias totalmente ajenos a estos cursos de formación", recoge el auto.
Lo mismo ocurrió también con 424.522 euros de la subvención concedida en diciembre de 2008, un total de 2.924.522 euros. En este caso el sindicato incluso pidió el abono con carácter anticipado, una petición a la que el SCE accedió. No obstante, a las arcas de la fundación solo llegaron 2,5 millones de ese montante. Además, 28.349 euros de otra subvención de cerca de 142.000 -en este caso para elaborar un programa de formación para los sectores del comercio y la reparación- también acabaron en la caja de UGT. "Y ello bajo la falsa excusa de que dicha cantidad se dedicaría a cubrir los costes de apoyo administrativo, gestión y control de los cursos", reza el auto. Así pues, las cantidades indebidamente desviadas a las cuentas del sindicado suman un total de 871.913 euros.
Entre los 26 procesados por el caso, que desembocó en que muchas personas se quedaran sin sus salarios, figuran el actual consejero de Empleo del Cabildo de Gran Canaria, Gilberto Díaz (PSOE), el exalcalde de Tacoronte Rodolfo León y los exdirigentes de UGT, entre otros, Juan Francisco Fonte y Carlos Ucha. Se enfrentan a posibles delitos de estafa y defraudación de subvenciones.
