UGT-Canarias sostiene que el auto de procesamiento contra los 26 exdirigentes del sindicato y de la Fundación Canaria para el Desarrollo Social (Fundescan) se basa en una "errónea" interpretación de la normativa que regula las subvenciones a la formación de trabajadores. UGT, que también figura entre los encausados como responsable civil subsidiario de los posibles delitos de estafa y defraudación de subvenciones a los que se enfrentan los 26 imputados, defiende que la parte de las ayudas públicas que no transfería a Fundescan, que era la encargada de impartir los cursos, se utilizaba para pagar gastos de "gestión, divulgación y justificación" de las subvenciones recibidas. Un total de prácticamente 872.000 euros que según la resolución judicial ?provisional pero que se dicta cuando existen indicios racionales de criminalidad? se usaron, en cambio, para "cubrir gastos de UGT-Canarias totalmente ajenos a los cursos de formación".

El auto de procesamiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, dictado el 28 de febrero, abre el plazo de diez días para la formalización de los escritos de acusación y es el paso previo e ineludible para la posterior apertura del juicio oral. El juez instructor redacta el auto cuando hay indicios racionales de delito, unos indicios que, según UGT, no tienen fundamento. Al menos en parte. "La resolución dictada por el juzgado se fundamenta en una errónea interpretación de la normativa reguladora de las subvenciones a la formación de los trabajadores", asegura el sindicato.

Partiendo de esta premisa, el secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana, no solo anunció que el sindicato presentará un recurso contra la resolución del juzgado ?en este caso un recurso de reforma, que es el que puede oponerse contra cualquier auto de un juez?, sino que, además, aseveró que UGT "cumplió todas las normas establecidas en el marco de la ley y de las resoluciones del Servicio Canario de Empleo". "Estamos convencidos de que no existe ningún ilícito penal", agregó.

Hay que recordar que, por el contrario, el auto de procesamiento es contundente al argumentar que el sindicato se apropiaba de parte de las subvenciones que recibía del Gobierno de Canarias para la formación de trabajadores. Unos 872.000 euros que UGT asegura haber empleado, "dentro de los límites establecidos", para gastos de "gestión, divulgación y justificación" y que, según la resolución judicial, se emplearon, en cambio, para gastos del sindicato que nada tenían que ver con el objeto de las subvenciones, esto es, la formación de trabajadores. En uno de los casos, reza el auto de procesamiento, "bajo la falsa excusa de que dicha cantidad se dedicaría a cubrir los costes de apoyo administrativo, gestión y control de los cursos", cuando estas actividades en realidad "iban a ser y fueron desarrolladas, de hecho, por Fundescan".

De cualquier forma, y aunque en la resolución se argumenta que el sindicato debía transferir a la fundación el montante íntegro del dinero público que recibía ?era la misma UGT la que pedía permiso al Gobierno para que fuera la Fundescan la que impartiera los cursos?, esto carece, a juicio del sindicato, de fundamento. "En nuestra opinión", sostiene UGT, no se basa "en disposición legal alguna". "Y en todo caso, y desde luego, sin que ello constituya un ilícito penal", continuó. Gustavo Santana explicó que todos los cursos se impartieron "a plena satisfacción" de los destinatarios "sin que sobre ello haya existido ninguna objeción por parte de la Administración".

El de esos 872.000 euros no es, sin embargo, el único posible uso ilícito de dinero público por el que están imputados los exdirectivos de UGT-Canarias y la Fundescan.