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El juez sospecha que UGT infló el alquiler a Fundescan para desviar dinero público

Los indicios señalan que la fundación pagaba a su sindicato un precio desorbitado con las subvenciones que recibía del Gobierno para la formación de trabajadores

Trabajadores de Fundescan protestan ante la sede de UGT en Las Palmas de Gran Canaria.

Trabajadores de Fundescan protestan ante la sede de UGT en Las Palmas de Gran Canaria. lp/dlp

El juez instructor del caso Fundescan ve indicios de que UGT-Canarias infló el alquiler de un inmueble arrendado a su propia fundación para "obtener un beneficio económico ilícito". La Fundación Canaria para el Desarrollo Social (Fundescan) desembolsaba cada mes una renta "muy superior" a los precios que se pagaban en la zona donde se ubica el local. El auto de procesamiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria -una resolución de carácter provisional pero que exige la existencia de indicios racionales de delit- expone la sospecha de que UGT se financiaba así por medio de subvenciones públicas, ya que estas eran la principal fuente de ingresos de la Fundescan. Según el auto del juez, el dinero público que llegaba a esta entidad para llevar a cabo una determinada encomienda -fundamentalmente para la formación de trabajadores- pasaba primero por el sindicato como beneficiario de la subvención, y este luego subcontrataba a la Fundescan, que a su vez le pagaba un sobreprecio por usar el inmueble de la calle Franchy Roca.

El relato del juez Florencio Luis Barrera expone que los 26 imputados -entre ellos el consejero de Empleo del Cabildo de Gran Canaria, el socialista Gilberto Díaz, y el exalcalde de Tacoronte Rodolfo León- "celebraron" en junio del año 2000 el contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en el número 5 de la calle Franchy Roca. "Con el objeto de obtener un beneficio económico ilícito a favor de UGT-Canarias y en perjuicio de Fundescan y, en último término, del propio Gobierno de Canarias", continúa el auto. En el contrato, que suscribió el entonces secretario general del sindicato, Carlos Ucha, también imputado, se fijó un precio de 500.000 pesetas mensuales durante un año. Sin embargo, seis meses antes de que expirara ese plazo, exactamente el 1 de diciembre, se formalizó un nuevo contrato por una cuantía de 850.000 pesetas mensuales, un incremento de un 70% „350.000 pesetas„ tras solo seis meses de vida del primer convenio. "Sin motivo alguno que lo justificara" y "a pesar de que se había acordado la posibilidad de prorrogar el arrendamiento por un plazo igual al originario a iniciativa de la parte arrendataria", reza el auto.

El 2 de enero de 2003 se firmó un tercer contrato por 6.260,54 euros. "Las rentas pactadas eran muy superiores al alquiler medio de un local de las mismas características en la zona", consta en la resolución, que argumenta que el objetivo "únicamente" era que el sindicato "obtuviera una importante financiación de sus gastos ordinarios (incluida la amortización del préstamo hipotecario solicitado en su día para la adquisición de ese local) a costa de los ingresos de la fundación".

El arrendamiento se mantuvo durante diez años. "Ha sido mantenido intencionadamente en vigor para asegurarse un beneficio económico ilícito en favor de UGT-Canarias desde su celebración y hasta al menos el mes de junio del año 2010", concluye.

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