Los ayuntamientos no quieren que se les cargue la responsabilidad de decidir sobre el polémico alquiler vacacional. Aunque hay consistorios que se han lanzado a intentar regular esta modalidad turística, fundamentalmente los de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife „este último ha paralizado la ordenanza„, la posición de partida en la Federación Canaria de Municipios (Fecam) es que el alquiler vacacional no está entre las competencias de los ayuntamientos. Detrás de la postura de la Fecam está el temor a que las ordenanzas que aprueben para regular la actividad corran la misma suerte que las de Madrid, Bilbao o San Sebastián. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las ha puesto en manos de los tribunales por entender que restringen la libertad de mercado. Y ya ayer la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) anunció que llevarán ante la justicia cualquier ordenanza que obstaculice la libre y justa competencia. En definitiva, los ayuntamientos no quieren acabar pagando el pato del "guirigay" en que se ha convertido la regulación del arrendamiento turístico.
Los ayuntamientos están preparando sus alegaciones al proyecto de ley que modifica la normativa del alquiler vacacional. La Fecam „entidad de carácter privado pero que aglutina las voces de los 88 consistorios de las Islas„ tendrá mañana los escritos de los ayuntamientos a partir de los cuales se fijarán los detalles de una postura común. Eso sí, hay una línea roja que el "municipalismo" no está dispuesto a saltarse: "Nosotros no vamos a asumir una responsabilidad que no nos corresponde competencialmente". El presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia, se refirió así a la posibilidad de que los ayuntamientos determinen en última instancia en qué espacios concretos de sus territorios podrá o no "implantarse" el alquiler turístico. Una posibilidad que prevé el proyecto de ley del Parlamento „apoyado en principio por Nueva Canarias, Coalición Canaria, PSOE y grupo mixto„ pero que a juicio de los consistorios desbordaría de facto sus competencias, entre las cuales no está reglamentar o regular las actividades productivas, en este caso el turismo.
"Lo que haremos es sencillamente defender el interés general del municipalismo", apuntó Plasencia. El también alcalde del municipio gomero de Alajeró hizo hincapié en que el "guirigay" al que ha dado lugar la regulación del alquiler vacacional „no solo en Canarias, sino en general en todo el país„ exige que haya el máximo consenso posible antes de que la Cámara autonómica apruebe la nueva normativa. En caso contrario, es decir, si finalmente no se llega a ese consenso, "habrá problemas", vaticinó el presidente de la Fecam. No en vano, la regulación que propone el Parlamento podría desembocar en una multiplicidad de ordenanzas y, por tanto, en que un municipio tenga una regulación diametralmente opuesta a la de la localidad con la que colinda. "Hay que evitar ese guirigay, la ley debe intentar sacarse con el mayor consenso posible; si no es así, habrá problemas", argumentó el regidor municipal de Alajeró.
De momento, la normativa del alquiler vacacional propuesta por la Cámara „que en sentido estricto supone la modificación de la ley turística„ está a la espera de que se pronuncie el Consejo Consultivo. No será hasta que el órgano de control evacúe su dictamen cuando se pronunciará el pleno del Parlamento, lo que en principio tendrá lugar la próxima semana. No obstante, todo apunta que no habrá el consenso que reclama la Fecam. Ni política ni socialmente.
El letrado de la Ascav, Javier Valentín, explicó en conversación con este diario que si finalmente la ley sale adelante en sus actuales términos, llevarán ante la Justicia cualquier ordenanza municipal que restrinja la libre competencia. Antes, eso sí, la asociación pondrá también en conocimiento de los juzgados la propia modificación normativa del Parlamento, que a su juicio incluye la posibilidad de adoptar medidas que ya han sido recurridas por la CNMC. El también vicepresidente de la asociación que representa a los propietarios de viviendas vacacionales alude así las limitaciones que aprobaron los ayuntamientos de Madrid, Bilbao o San Sebastián. Limitaciones como la prohibición de arrendar los pisos ubicados en la segunda y posteriores plantas de un edificio si no tienen acceso directo a la calle o la prohibición de nuevas viviendas turísticas en determinadas zonas del centro de la ciudad. En este sentido, la normativa que tramita la Cámara regional establece que el planeamiento urbanístico "determinará las concretas áreas urbanas consolidadas, turísticas, mixtas o residenciales, o los asentamientos rurales, en que pueda implantarse" el alquiler vacacional y, "en su caso, las condiciones y estándares a que debe sujetarse en los diferentes ámbitos, incluida la eventual exclusión del mismo en parte o la totalidad de un municipio".
A juicio de la Ascav, la normativa impulsada por NC y CC, y de la que solamente se desmarcan PP y Podemos, no solamente prima los intereses de la industria hotelera sobre los de los propietarios de las viviendas vacacionales, sino que, además, daría lugar a una "completa inseguridad jurídica" que en última instancia ahuyentaría a potenciales inversores. "Es una ley fruto de la improvisación", subrayó Javier Valentín, que avisó que la problemática se agrava más si cabe con la potestad que se da al Gobierno de Canarias para intervenir en el caso de que no lo hagan ni los ayuntamientos ni los cabildos.
Efectivamente, la normativa propuesta confiere a los cabildos la posibilidad de fijar "las condiciones de admisibilidad, requisitos y estándares" del alquiler turístico. Además, da a los ayuntamientos ese margen para "concretar" el marco aprobado por los cabildos en sus respectivos territorios. Pero, además, puntualiza que en ausencia de esa regulación insular y/o local, el Gobierno de Canarias "establecerá los requisitos, criterios y estándares turísticos de implantación del uso turístico de las viviendas". Una disposición que ahonda, según el letrado, en esa "inseguridad jurídica", por cuanto puede haber islas con directrices insulares pero con solo algunos ayuntamientos con ordenanzas municipales, o viceversa. O también otras donde rijan los requisitos que defina el Ejecutivo autonómico "en defecto de previsión" en los planeamientos insulares y/o locales.
