El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló ayer que la regulación que el Parlamento quiere introducir sobre la vivienda vacacional en la reforma de la ley turística no responde a "ninguna prisa", sino a la necesidad de que "la gente pueda vivir de alquiler a precios razonables". Opinión contraria a la que emitió el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT), Tom Smulders, para quien la modificación "se está tratando de llevar soterradamente" y "sin buscar un mínimo de consenso".
En un comunicado, Smulders se mostró crítico con el método elegido por el Ejecutivo para reformar el decreto en vigor sobre vivienda vacacional, sin contar con la opinión del sector extrahotelero, que él representa en la provincia oriental y a través de una reforma puntual de la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013 con el fin de adaptarla a un pronunciamiento del Tribunal Supremo.
El Parlamento decidió el martes dejar para el último pleno de la legislatura esta modificación por no contar con el preceptivo pero no vinculante informe del Consejo Consultivo. La iniciativa, sostenida por Nueva Canarias (NC) y a la que se sumó Coalición Canaria (CC), tiene todos los visos de prosperar, ya que cuenta también con el apoyo de los socialistas.
Clavijo rechazó que dotar de un marco legal al alquiler vacacional sea "fruto de ninguna prisa, como algunos quieren hacer ver", sino "un asunto que ha estado presente en toda la legislatura", manifestó a Efe. En su discurso de investidura del verano de 2015 incluyó entre sus compromisos la reforma del decreto sobre la materia que aprobó el anterior Ejecutivo autonómico en los últimos días al frente del Archipiélago.
El presidente canario aseguró comprender que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) quiera defender sus derechos, pero las instituciones buscan proteger "el interés general". Para esto último, el Gobierno canario entiende que debe propiciar un marco que evite el crecimiento desmesurado de los precios del alquiler residencial.
El decreto aprobado a finales de la pasada legislatura prohibía las viviendas vacacionales en las zonas turísticas y el alquiler de habitaciones, solo permitía alquilar viviendas enteras. El Tribunal Supremo tumbó sendas limitaciones por considerarlas contrarias a la libertad de empresa. También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se pronunció en contra de ellas.
Clavijo puntualizó que es al Parlamento y no al Gobierno a quien corresponde fijar el calendario de debate de esta reforma legal. No obstante, señaló la necesidad de regular esta modalidad alojativa. "Es necesario e importante regular la vivienda vacacional para que sea compatible con el alquiler y para que no se produzca una subida de los precios de los alquileres que haga imposible que nuestra gente pueda vivir. Ahí está el equilibrio", señaló.
En barrios como el de Guanarteme, en la capital grancanaria, han proliferado en los últimos años casos de inquilinos a los que los propietarios han comunicado su intención de dedicar los inmuebles al alquiler vacacional. O bien hicieron la mudanza, o bien tuvieron que afrontar notables subidas del alquiler.
El presidente negó que la reforma de la ley conlleve una imposición al sector, ya que son ya "más de dos años trabajando". En ese tiempo, señaló el jefe del Ejecutivo canario, el consejero de Turismo, Isaac Castellano, ha estado en contacto con todas las partes interesadas en este negocio.
"Frente a la postura legítima de una patronal que defiende sus derechos, que no es toda la patronal, sino una asociación, Ascav, nosotros tenemos que valorar no solo el negocio empresarial, sino el que la gente pueda vivir de alquiler a un precio razonable. Ellos no representan el interés general, representan su interés particular", abundó el presidente Clavijo.
Esa dicotomía vacacional-residencial se da sobre todo en las ciudades. En los núcleos turísticos el problema es otro y pasa por la convivencia entre el negocio alojativo tradicional y este nuevo nicho de negocio que también provee a los visitantes.
"La vivienda vacacional debe tener la oportunidad de convivir con nuestra oferta alojativa tradicional, siempre que esté sujeta a las mismas condiciones que se exigen a nuestras empresas", señaló Tom Smulders. El presidente de la AEAT aludió así a la obligación que tienen los propietarios de viviendas vacacionales de pagar impuestos, abonar los salarios que recogen los convenios del sector o cumplir con los criterios de seguridad, entre otras cuestiones.
Cubiertos esos extremos, para Smulders no cabe prohibirles que se unan a la oferta alojativa siempre que respeten "el principio de unidad de explotación". Es decir, si una empresa ya gestiona un complejo de apartamentos, ninguno de los que se ubican en él y han decidido quedar al margen podrían dedicarse al alquiler turístico.
"Un propietario que haya consolidado el uso residencial de su unidad alojativa, no puede dedicarla a alquiler vacacional, en contra de lo que considera la PALT (Plataforma de Afectados por la Ley Turística); incumpliría la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y la propia Ley de Renovación y Modernización Turística", advirtió Tom Smulders.
