El campo ya está harto de esperas. Los agricultores canarios sacarán a las calles de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife los tractores y el ganado para reclamar al Estado la transferencia de la partida de los 8 millones de euros destinada a abaratar el sobrecoste que pagan los labradores isleños por la desalación y extracción de agua de pozos y galerías para el riego agrícola. No quieren oír más promesas ni tampoco les vale el borrador del real decreto que recoge dichas ayudas, un documento que ha estado sometido a exposición pública durante quince días. Si el Estado incumple el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y las subvenciones no llegan, el sector agrario está dispuesto a recurrir a los tribunales.
El Ministerio para la Transición Ecológica barrió de un plumazo a principios de este mes las trabas técnicas que hasta entonces había alegado para negar la concesión de las ayudas con la publicación del borrador del real decreto para la transferencia de las mismas. Esta medida llegó después de varias reuniones entre representantes del campo y la Delegación del Gobierno en Canarias por los incumplimientos de las promesas de Madrid. A mitad de febrero, el PSOE canario afirmó que la partida iba a llegar y que se trabajaría "a toda velocidad" para encontrar una salida a este embrollo. Justo doce días después de estas declaraciones, Madrid publicó el borrador del real decreto para someterlo a exposición pública. El periodo de consulta finalizó el 22 de marzo, jornada en la que estaba prevista la primera tractorada que el sector finalmente pospuso.
Los agricultores canarios han registrado varias alegaciones tras detectar "una serie de anomalías". La primera de ellas, explica la presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado, es precisamente el sometimiento a consulta pública del real decreto, ya que para la concesión de los 6 millones para el agua de riego de 2017 no se siguió este procedimiento. Un trámite que, a juicio de la organización, "responde más a intereses políticos que de otra índole", supone retrasar dos o tres meses su aprobación "y, en el peor de los casos, que alguna de las alegaciones presentadas pueda impedir la tramitación de dicha subvención".
Trabas burocráticas
El real decreto prevé que el Ejecutivo regional adelante los 8 millones y resuelva las ayudas para que el Estado transfiera, después, el importe de las mismas. Para los agricultores esta modificación con respecto a la resolución anterior es "inaceptable". Igualmente denuncian la incorporación de trabas burocráticas más complejas que para la transferencia de los seis millones de 2017.
El sector considera que el borrador no garantiza la llegada de las ayudas para el abaratamiento del agua y que el documento responde a una "estrategia jurídica" para ganar tiempo, evitar responder a sus reivindicaciones y frenar sus movilizaciones. Los agricultores advierten que de no cumplirse sus derechos, su futuro está hipotecado y el campo "abocado a su desaparición".
Las protestas, que incluirán suelta de ganado en Santa Cruz de Tenerife, culminarán ante las sedes de la Delegación y Subdelegación. El presidente de COAG Canarias, Rafael Hernández, insiste en que la espera asfixia al sector. "El jarabe del tiempo no es medicina para el sector primario", apunta, y menos cuando las lluvias son cada vez más escasas. Delgado deja abierta, a su vez, la puerta de los tribunales si las ayudas que están blindadas en el nuevo REF no llegan a las Islas.
