La adjudicación de obras públicas dependientes de la administración autonómica de Canarias están bajo sospecha judicial por posible cobro de comisiones a la constructora OHL, tal y como refleja la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del llamado caso Lezo, de cuyo sumario se ha desgajado una nueva pieza que afecta, además, a funcionarios de Fomento y de las administraciones autonómicas de Madrid y Andalucía, según una información difundida ayer por los periódicos digitales El Confidencial y El Independiente. La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, habría descubierto un pago "sistemático" de comisiones por valor de más de 40 millones por parte de la compañía presidida por Juan Villar Mir a cambio de adjudicaciones públicas desde 2003, fecha a la que se remiten las pesquisas sobre las que ahora se ha levantado el secreto del sumario.
La consejería de Transportes y Obras Públicas del Gobierno de Canarias que dirige el también vicepresidente regional, Pablo Rodríguez, aseguró ayer desconocer por completo la causa a la que se refiere la investigación judicial, y señaló que nadie de ese departamento ha sido informado ni llamado a declarar. Las fuentes consultadas aseguraron que, si la Audiencia Nacional o cualquier otra instancia judicial lo solicita, se prestará desde la Consejería toda la colaboración que se precise para aclarar los hechos o detectar cualquier posible irregularidad cometida desde ese departamento. Las mismas fuentes aseguran que, a la vista de los datos del sumario hechos públicos, las investigaciones se centran en etapas anteriores a la llegada del actual equipo de la consejería en junio de 2015.
También la multinacional española quiso salir ayer al paso de las informaciones difundidas una vez se levantó el secreto del sumario del caso Lezo, en el que originalmente se investiga al ex presidente madrileño Ignacio González, y difundió un comunicado en el que recuerda que ningún directivo o empleado de la compañía ha sido condenado por algún supuesto de corrupción, mostrando su "absoluto compromiso con la ética, la integridad, la transparencia y las más exigentes prácticas de Buen Gobierno".
La constructora española, una de las grandes multinacionales del sector, ha logrado diversas adjudicaciones en Canarias durante los últimos años, aunque hasta el momento se desconocen las fechas concretas a que se refieren las que están bajo sospecha. Según consta en la propia página web de la empresa, OHL participó en 2009 en la UTE que construyó el primer tramo de la carretera La Aldea-El Risco, en Gran Canaria, que la Consejería de Obras Públicas adjudicó por 87,92 millones de euros. Esta obra forma parte de la carretera GC-2 que unirá Agaete con San Nicolás de Tolentino, proyecto incluido en el convenio en materia de carreteras suscrito entre el Gobierno de Canarias, presidido por Paulino Rivero y con José Ramón Hernández como responsable de la consejería, y el Ministerio de Fomento, cuya titular era Magdalena Alcaraz en un gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
En febrero de 2012 le fue adjudicada la nueva terminal de contenedores de Tenerife por parte de Fomento, cuya titular era ya Ana Pastor -con Gobierno central en manos del PP- y de la comunidad autónoma, aún bajo la presidencia de Paulino Rivero, a través de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
En marzo de 2017, con Gobierno central del PP e Íñigo de la Serna (PP) como ministro de Fomento, OHL logró por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, bajo presidencia del socialista Luis Ibarra, la adjudicación de una nueva línea de atraque en paralelo al dique Nelson Mandela con un importe de 12 millones.
Dos directivos imputados
Otro proyecto reciente adjudicado en Canarias a OHL, de agosto de 2018 y también en modalidad de UTE, ha sido la polémica ampliación del puerto de Agaete. El proyecto fue otorgado por el ente público Puertos Canarios, ya en la actual etapa de Fernando Clavijo como presidente regional, por 44,6 millones.
La última adjudicación es de febrero pasado, cuando, a través de su filial especializada SATO, obtuvo el contrato para la ampliación del muelle de cruceros de Arrecife por 8,1 millones, otorgado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
El registro que llevó a la documentación que desvela la presunta trama de las comisiones fue en 2017 y las pesquisas al respecto se remontan a 2003, por lo que las adjudicaciones bajo sospecha se encuentran entre esas dos fechas. Canarias estaba gobernada hasta julio de 2003 por una coalición entre CC y el PP con Román Rodríguez como presidente, pacto que se repitió tras las elecciones de ese año ya con el también nacionalista Adán Martín al frente del Gobierno.
Las indagaciones implican por ahora en la compra de funcionarios a dos directivos de OHL, ambos imputados ya y cuya declaración en sede judicial se produjo hace unas semanas. El más destacado es Feliciano Ramos, un antiguo director de control de gestión de la empresa que habría actuado como conseguidor durante más de veinte años. Aunque Ramos se jubiló en 2013 con 70 años, la empresa lo mantuvo en nómina con un extraño acuerdo de colaboración al menos hasta el 2016.
Ramos se habría dedicado durante ese tiempo al pago sistemático de sobornos para amañar concursos para su empresa. El otro investigado e imputado es Paulino Hernández, ex director general de Obra Civil Nacional de la multinacional entre 2011 y mayo de 2017, fecha en la que abandonó la compañía, un mes después de que la UCO entrara en la sede de OHL en el marco de la investigación del caso Lezo.
