El sindicato de inquilinas de Gran Canaria pide restringir el alquiler vacacional "prioritariamente en suelo residencial". Esta es tan solo una de las medidas recogidas en el programa de vivienda que el colectivo presentó ayer con el objetivo de reducir el número de desahucios en el Archipiélago donde, según informaron, en 2018 se produjeron 3.808. De ellos, un 65% ha tenido lugar "por impago de alquiler", explicó Isabel Saavedra, abogada de la agrupación.
Según señalaron desde la entidad sindical, el 40,2% de población canaria está en riesgo de pobreza o exclusión social, por lo que en muchos casos tiene dificultades para acceder a una vivienda digna. Un hecho que se agrava con la subida del precio del alquiler en un 24,9% habido en 2018 con respecto al año anterior y que, apuntaron, está descompensada con "el crecimiento de los salarios en un 4%".
La expansión del alquiler vacacional, que ha disparado los precios del arrendamiento de viviendas sin que exista todavía una normativa que regule esta actividad, se ha convertido en uno de los principales motivos por el que muchas personas se ven abocadas a perder sus hogares por no poder afrontar las subidas impuestas por los propietarios. De ahí que desde el sindicato soliciten una delimitación del número de casas que puedan someterse a este tipo de explotación turística.
Para erradicar los desahucios desde el colectivo también promueven que, de todas las nuevas promociones de casas que se hagan, "se destine un 40% de los construido a viviendas sociales", apuntó el portavoz, Ruymán Rodríguez. También recogen en su programa de medidas la "limitación del precio del alquiler", especialmente en aquellas zonas más sensibles por procesos gentrificadores.
El alquiler, que en Las Palmas es de una media de 997 euros, no es lo único que ha subido en el Archipiélago. Según la estadística publicada ayer por Tinsa IMIE General y Grandes Mercados, el coste medio de la vivienda terminada, tanto nueva como usada, creció en marzo un 8% con respecto al mismo periodo de 2018.
