Cada industria canaria pierde al año una media de 320.000 euros por la ubicación geográfica del Archipiélago. Es la cuantía de los sobrecostes que impone la ultraperiferia, es decir, la lejanía, la insularidad y la fragmentación del mercado. Una serie de condicionantes que se traduce en mayores gastos en electricidad, en agua, en billetes de avión o barco o, sobre todo, en el transporte de las mercancías. Prácticamente todo le resulta más caro a una fábrica del Archipiélago que a una gemela peninsular. Tan caro que si no existieran las compensaciones por la condición de Región Ultraperiférica (RUP) de la Comunidad Autónoma, la mitad de las empresas del ramo se vería obligada a cerrar. En obras palabras: el sector secundario tendría un peso meramente testimonial en la economía de la región.
El Estudio sobre el coste privado de la ultraperiferia y la doble insularidad en Canarias, el mismo que el Gobierno autonómico esgrimirá en Bruselas en las negociaciones para el reparto del presupuesto comunitario durante el período 2021-2027, pone de manifiesto hasta qué punto montar una fábrica en el Archipiélago es un acto casi heroico. Los sobrecostes que implica instalarse en las Islas en comparación con hacerlo en la Península representan un 29,7% de la facturación del negocio industrial. El dinero que la empresa destina para pagar gastos que no tendría que hacer de radicar en Madrid, Cádiz o Barcelona equivale así a tres de cada diez euros de su facturación. O lo que es lo mismo: la fábrica que este año cierre el ejercicio con un volumen de negocio de diez millones de euros habrá tenido que desembolsar tres millones para cubrir gastos que sus competidoras peninsulares o del resto de Europa no habrán tenido que soportar. Son estos sobrecostes los que se compensan con incentivos como los que incluye el Régimen Económico y Fiscal (REF). Entran ahí, por ejemplo, la bonificación por producción de bienes corporales, la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) o las subvenciones al transporte de mercancías.
El presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Andrés Calvo, explica que todos esos incentivos son cruciales para el mantenimiento del sector secundario regional. Sin estas compensaciones, cuya necesidad tendrá que justificar el Ejecutivo canario durante las negociaciones en Bruselas (la Comunidad Autónoma se juega 3.800 millones de los fondos para las RUP), la industria seguiría existiendo, pero su peso en el PIB sería residual. "Cuando decimos que desaparecería el 50% de las industrias no estamos exagerando", subraya el presidente de la patronal del sector. No en vano, ese 30% de la facturación que representan los sobrecostes de la ultraperiferia llega en euros a la friolera de 888,7 millones anuales. El estudio encargado por la consejería que dirige Pedro Ortega calcula que hay un total de 2.775 industrias, de modo que cada una de ellas sufre un sobrecoste medio a causa de la ultraperiferia de, exactamente, 320.272 euros anuales. Si se toma como referencia el número de industrias propiamente dichas (las que efectivamente fabrican un producto) que calculan en Asinca (entre 1.500 y 2.000), los extracostes medios para cada empresa oscilan entre los 592.503 y los 444.378 euros anuales.
De esos 888,7 millones que cada año cuesta la ultraperiferia al tejido industrial, hasta 432,8 millones (casi uno de cada dos) corresponden a lo que las fábricas isleñas tienen que pagar por llevar sus productos a otras islas o a la Península o por transportar las materias primas que necesitan desde territorio continental. Además, también se generan sobrecostes importantes por la capacidad productiva ociosa (a veces la maquinaria, que es estándar, no se adapta a las fábricas de aquí), la necesidad de locales en varias islas, el precio de la energía o incluso el de los billetes cuando hay que hacer un viaje de negocios.
