El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por Redexis y el Gobierno canario contra la decisión del máximo órgano de la Justicia isleña de anular parcialmente el decreto por el que se rigió la concesión de los proyectos de aire propanado en el Archipiélago.
La decisión devuelve la plena vigencia a la bases que determinaron la competencia entre las empresas que aspiraron a ser elegidas. Disa, que no obtuvo ninguna concesión presentó recursos contenciosos-administrativos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estimó en algunas de sus partes, las suficientes para dejar prácticamente sin utilidad el decreto. Ante esa decisión, tanto la empresa como el Ejecutivo autonómico presentaron un recurso de casación, el que ahora estima el Supremo.
Según fuentes cercanas al caso, el TSJC estimó la improcedencia de acotar las adjudicaciones a términos municipales. Sin embargo, esta manera de actuar tiene un precedente en Baleares.
Además, el máximo órgano judicial del Archipiélago afeó que se primaran factores que pueden incidir en un encarecimiento del precio de la factura que pagan los ciudadanos. Por ejemplo, el tamaño de la red. Las fuentes consultadas señalaron, sin embargo, que la legislación actual obliga a las empresas a soportar en exclusiva sus errores de cálculo.
