Gran Canaria acapara un tercio de los 57,88 millones del Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) destinados a la instalación de nueva potencia eólica en el Archipiélago. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) publicó ayer la propuesta de resolución provisional de esta convocatoria, que incrementará en 183,95 megavatios la presencia de esta tecnología limpia en el mix energético de las Islas. Todos los parques tienen que estar operativos el 30 de junio de 2022.

Nuevo salto adelante del 44% sobre los 417,6 megavatios con los que se cerró el pasado ejercicio. El último día de 2018 todos los proyectos que obtuvieron potencia en la anterior convocatoria de 2015 debían estar plenamente operativos. Poco antes, el día de Navidad, se publicó el proceso de concurrencia sobre el que ayer se pronunció el IDAE.

Se ponían en liza 217 megavatios, los cálculos que manejaba la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, y los promotores privados situaban la adjudicación en torno a los 180 megavatios, 3,5 menos de los finalmente repartidos.

Cada isla tenía un punto de partida diferente. Para Gran Canaria se reservaron sobre el papel 70 megavatios, prácticamente cubiertos con la decisión hecha pública ayer y que confirma 69,1 megavatios para la Isla. Por su parte, Tenerife cubre 43,7 del máximo de 55 que se previeron; Fuerteventura, 36,25 de 45; Lanzarote, 30,4 de 35, y La Palma 4,5 de siete. Para La Gomera se contemplaron cinco megavatios, pero no se presentó ningún proyecto para cubrirlos.

En línea con esa dispar distribución de potencia, también los fondos europeos se reparten de manera asimétrica. El 32,94% (19 millones de euros) del dinero proveniente del Feder se quedan en Gran Canaria. Le siguen, por este orden, Fuerteventura, con el 27,30% (15,8 millones); Lanzarote, 23,52% (13,6 millones), y La Palma, 0,7% (0,4 millones).

Es la primera convocatoria en la que se cuenta con las ayudas a la inversión distribuidas por Europa. En esta ocasión, los promotores reciben esos ingresos, los completan con los propios para cubrir la materialización del proyecto y, a partir de ese momento, cobran por cada megavatio hora gestado en sus aerogeneradores lo mismo que los empresarios de la Península.

Hasta la fecha recibían una retribución específica por su producción, más elevada que en el resto de España. La diferencia venía a paliar las mayores dificultades que enfrentan para alcanzar el umbral de rentabilidad por la escasez de suelo que limita el número de máquinas y los mayores costes de transporte, instalación y mantenimiento.

El mayor parque que recibió el visto bueno del IDAE lo construirá Naturgy en Fuerteventura, tendrá 29 megavatios de potencia repartidos en ocho aerogeneradores y supondrá una inversión de 39,3 millones de euros, según comunicó ayer la empresa. Un tercio de dicha suma -13 millones de euros- los aporta el Feder.

Se abre ahora un plazo de diez días para que los proyectos excluidos, once, presenten sus alegaciones. Se espera para este mismo año una nueva convocatoria -incluirá fotovoltaicas- para incrementar la presencia de renovables en las Islas.

Inversión privada

La aportación pública para la creación de parques eólicos en Canarias durante la última legislatura es muy dispar según la isla. De los 17 parques eólicos puestos en marcha en Gran Canaria entre 2015 y 2018 ninguno ha contado con ayuda económica del Cabildo de Gran Canaria, ya que todos han sido financiados por empresas privadas, según detalla la Consejería de Industria.

En ese mismo periodo, en Tenerife se pusieron en funcionamiento diez parques, de los que tres se construyeron con fondos del Cabildo insular, lo que supone un 29,7% del total de potencia instalada en la Isla desde 2015. En Lanzarote se activaron tres, dos de ellos financiados por el Cabildo, en los que se produce el 93,8% del total de la potencia eólica instalada en la Isla desde 2015.