Alrededor de medio millar de canarios que cuidan de familiares dependientes han comenzado a cotizar a la Seguridad Social desde que se restableciera su derecho a que el Estado sea quien contribuya por ellos, es decir, quien pague sus cuotas. Desde el 1 de abril, que fue cuando entró en vigor el real decreto-ley con que el Gobierno central ha reinstaurado este derecho, los llamados cuidadores no profesionales que cotizan para en el futuro poder cobrar la jubilación se han incrementado en la Comunidad Autónoma más de un 300%. O lo que es lo mismo: su número se ha cuadruplicado en solo dos meses. De hecho, el aumento en el Archipiélago es incluso mayor que el que se ha experimentado en cifras nacionales, y ello aun cuando este ha sido también extraordinario (262%). En Canarias ya son cerca de 600 las personas a las que se les tendrá en cuenta el tiempo que están dedicando al cuidado de los suyos para el cálculo de la pensión, cuando hace poco más de 60 días apenas superaban el centenar. En España son más de 26.000.
La medida aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ahora en funciones, es una de las incluidas en el Real decreto-ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. En este caso se trata, en realidad, del restablecimiento de un derecho que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió en 2012 en plena lucha contra la deuda y el déficit públicos. Hasta ese momento, los cuidadores no profesionales de personas dependientes cotizaban pero no pagaban a la Seguridad Social. Sus cuotas mensuales salían de las arcas del Estado, de modo que cotizaban gratis. La idea es que este colectivo, en su mayoría compuesto por mujeres, no tenga que destinar parte de la exigua paga que recibe (la prestación especial por cuidados familiares, de aproximadamente 400 euros mensuales) para evitar perder los meses o incluso años de entrega a sus abuelos, padres o hermanos en el cómputo de la vida laboral. En muchos casos, que estas personas tengan una mayor o menor pensión depende de que la Administración pública asuma o no el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Incluso que se tenga derecho o no a una prestación contributiva, para la que es necesario haber cotizado antes un mínimo de 15 años. En las Islas hay en estos momentos, según los últimos datos de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, unos 8.805 ciudadanos que reciben la ayuda económica por ocuparse de sus familiares dependientes, de los cuales entre 3.500 y 4.000 están en condiciones de beneficiarse también de la gratuidad de las cotizaciones. Hasta que el 1 de abril se recuperó su derecho a cotizar gratis, tan solo 140 de ellos (en realidad resulta más apropiado hablar de ellas, pues nueve de cada diez cuidadores no profesionales son mujeres) contribuían al sistema público. Menos de cuatro de cada cien.
Según los datos suministrados a este diario por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, han bastado solo dos meses para que se multiplique considerablemente el número de canarios a los que el tiempo dedicado a sus allegados dependientes no les seguirá restando tiempo cotizado en la carrera laboral. A 31 de mayo, esos 140 eran ya 573, un aumento de un 309,3% en 61 días. El restablecimiento de la contribución gratuita hizo así aflorar un total de 433 cuidadores no profesionales en el Archipiélago entre abril y mayo, a un ritmo de siete nuevas altas cada día. Y en estos momentos, transcurrida la primera semana de junio, son aproximadamente medio millar los nuevos afiliados a la Seguridad Social, para un total de unos 600 cotizantes, según las cifras del Ministerio que dirige, ahora en funciones, María Luis Carcedo. Un sensible incremento que, no obstante, será aún mayor en las próximas semanas. Esos alrededor de 3.700 canarios que ya percibían la prestación especial por cuidados familiares desde antes del 1 de abril tienen 90 días de plazo para firmar con la Seguridad Social el convenio en virtud del cual el Estado se hará cargo del pago de sus cuotas. Si así lo hacen, la Administración pública cotizará por ellos con carácter retroactivo justamente desde el 1 de abril, mientras que si suscriben el convenio después de ese plazo, la gratuidad de las cotizaciones solo será efectiva desde ese momento. Lo mismo ocurre para los nuevos beneficiarios de la ayuda económica por cuidados familiares, que en realidad es un derecho que se le reconoce a la persona dependiente pero que cobra el padre, hijo, hermano o sobrino que la cuida. Si el reconocimiento del derecho a cobrar la prestación se ha producido después del 1 de abril, tienen 90 días para firmar el convenio y que el Estado cotice por ellos de forma retroactiva desde el momento del reconocimiento. Pasado ese plazo, no habrá retroactividad.
Los casi 600 isleños que ya cotizan gratis (no hay que olvidar que prestan un servicio social que en su ausencia tendrían que dar las instituciones) son parte de los 26.414 que lo hacen en toda España. Antes del 1 de abril solo eran 7.304. En el caso de las provincias, en la de Santa Cruz de Tenerife solo había 65 personas encargándose de sus familiares y al mismo tiempo pagando de su bolsillo la cuota mensual a la Seguridad Social. El 31 de mayo eran ya 301. En la provincia de Las Palmas el aumento es algo inferior, pero igualmente considerable: eran 75 y ahora son 272.
