La regla que dice que la incidencia de la accidentalidad laboral crece a medida que aumenta el empleo se rompió en Canarias en el verano de 2017. El número de percances en el trabajo en relación a la población ocupada no ha dejado de bajar desde ese momento, tanto que el Archipiélago ha accedido al grupo de comunidades autónomas con un menor índice de accidentalidad. En diciembre de 2017 registraba la sexta tasa más elevada del país y ahora presenta la sexta más baja, según los datos del Ministerio de Trabajo referidos a marzo de este año.

En todo 2017 se produjeron en Canarias 3.586 accidentes laborales que dieron lugar a baja por cada 100.000 ocupados -298 en media mensual-, una cifra que superaban Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y La Rioja. Transcurridos los primeros tres meses de 2019, el índice de accidentalidad mensual es de 235 percances por cada 100.000 trabajadores, el sexta más reducido tras los que presentan Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria y Galicia.

El arranque de este año ha dejado también otra noticia positiva. Ya no es solo la tasa de incidencia la que desciende, sino que también lo hace el volumen total de accidentes. Entre enero y abril ocurrieron 7.663 percances en las Islas, un 5,6% menos que en el mismo periodo de 2018. Es la primera vez desde que comenzó la recuperación económica que baja el número de accidentes. Este era, una vez alcanzado el propósito de reducir el índice de accidentalidad, “el siguiente objetivo” que se había marcado el Gobierno de Canarias y “por ahora se está consiguiendo”, destacó ayer el director general de Trabajo del Ejecutivo regional, José Miguel González.

De esos más de 7.600 accidentes acaecidos durante la jornada de trabajo y que supusieron baja laboral notificados en el primer cuatrimestre del ejercicio, cuatro fueron mortales, 79 graves y muy graves y 7.580 leves. A ellos hay que añadir 1.080 accidentes in itinere -en el trayecto hacia el puesto de trabajo o desde este al domicilio-, un 5,1% menos que en el mismo periodo de 2018. Cinco de estos siniestros fueron mortales. También se registraron 10.147 percances sin baja, casi un 6% menos que en el mismo periodo de 2018.

La incidencia de la siniestralidad laboral respecto a la población ocupada se ha recortado en cerca de un 40% en relación al inicio del año pasado. La disminución ha sido ininterrumpida desde agosto de 2017, algo que “nunca había sucedido” en un contexto de crecimiento del empleo como el actual. González atribuye la mejora de la situación a la “intensificación en número y calidad” de la formación en prevención de riesgos laborales. La extensión de la cultura preventiva y el criterio de “usar la norma como una exigencia”, sumados a los controles realizados por el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) y las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo, explican, a juicio del director general, la caída de la accidentalidad durante este año y medio.

En lo que va de 2019 hay un solo sector que es responsable del declive de la incidencia de los accidentes laborales. Los servicios, la actividad mayoritaria en las Islas, redujeron la accidentalidad en un 11,5% y arrastró al conjunto de la Comunidad Autónoma, compensando los incrementos experimentados por la construcción (23,1%), la industria (4,5%) y el sector primario (1,5%).

La mejora en los servicios se produce después de medidas como el reconocimiento de nuevas enfermedades profesionales en la hostelería y la publicación de la guía de buenas prácticas para la prevención de riesgos en el sector. La otra cara de la moneda es la construcción. La recuperación del empleo en esta actividad ha aconsejado la convocatoria de una mesa técnica en la que se discute cómo abordar la siniestralidad. Se trata, señala José Miguel González, de “aprender de la historia” y de lo que supuso para la salud laboral de los trabajadores el boom que vivió el sector hace algo más de una década.