La morosidad de las empresas canarias que deben más de un millón de euros a Hacienda mejoró mínimamente a lo largo de 2018. Así se desprende del listado hecho público ayer por la Agencia Tributaria. Un total de 104 mercantiles del Archipiélago, tres menos que en 2017, ocupan un lugar en dicha relación. La deuda de este poco más de un centenar de negocios canarios asciende a 292,6 millones de euros, suma que rebaja en once millones de euros (10,9) la de la lista negra que vio la luz hace doce meses. La reducción del debe en términos relativos es del 3,59%.
Las dificultades para salir del atolladero quedan explicadas por la continua reiteración de nombres año tras año. Gran parte de las compañías que arrastran deudas con el fisco sufrieron todo el rigor de la crisis y por eso abundan las empresas promotoras, constructoras e inmobiliarias, aunque no son las únicas.
El agujero de mayor tamaño lo generó Playa de las Teresitas SA, empresa creada al calor de la operación urbanística proyectada para la playa de la capital tinerfeña y que se saldó con sentencias condenatorias de cárcel para varios de sus principales protagonistas; entre ellos el exalcalde santacrucero Miguel Zerolo. La Agencia Tributaria reclama a la sociedad 12,9 millones de euros.
Le sigue, con un lastre de 12,7 millones de euros, Operadores Vacacionales SLU, empresa dependiente del desaparecido turoperador español Orizonia. Como la anterior, también esta tiene su domicilio fiscal en Tenerife.
Sin embargo, son mayoría las que se enfrentan a grandes deudas con Hacienda en la provincia de Las Palmas, la gran parte de ellas radicadas en Gran Canaria. Suman un total de 55 mercantiles, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife hay seis menos.
Deuda por provincias
También la mayor parte de la deuda está residenciada en la provincia oriental, 157,5 millones de euros, mientras que los 135 millones restantes están pendiente de pago por parte de mercantiles de la provincia occidental.
Además de las sociedades ya mencionadas, tampoco logran salir del listado empresas como Calzados Navarro, Beleyma, Freiremar o Seguridad Integral Canaria. Esta última no logra atajar el crecimiento de las obligaciones impagadas al fisco. Los algo más de 2,9 millones de euros reflejados hace dos años se convirtieron en 3,1 millones en 2017. Ahora, la cantidad a satisfacer va ya por los 6,3 millones de euros.
Se mantiene la Fundación Canaria para el Desarrollo Social, Fundescan. La deuda de esta plataforma de servicios sociales creada en los noventa por UGT es idéntica a la de hace un año.
En la parte positiva, cabe destacar la desaparición de esta relación de morosos de alta intensidad de Gestión Urbanística de Las Palmas SA, la antigua Gestur Las Palmas cuyo cierre ordenó el Gobierno de Canarias en 2013 como parte del paquete de medidas que puso en marcha para cumplir el objetivo de déficit.
