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La sanidad privada isleña, víctima de un fraude por seguros de viajes británicos

Las compañías emiten pólizas sin respaldo por falta de convenio con los hospitales l En España se registran 800 casos al día

Dos turistas inmortalizan un momento de sus vacaciones en la orilla de la playa de Maspalomas. JUAN CASTRO

Cobrar por dar un servicio que no supone ningún coste es un negocio redondo y es precisamente eso lo que están haciendo hasta quince compañías de seguros británicas de bajo coste. Las aseguradoras han orquestado un doble fraude gracias al que siempre ganan. Por un lado, se desentienden de las facturas generadas por los tratamientos a sus clientes en los hospitales privados y son los centros los que asumen las pérdidas. Y, por otro, los pacientes son derivados por las compañías a los hospitales públicos, a los cuales tienen acceso gratuito si cuentan con la tarjeta sanitaria europea -primer requisito que imponen las aseguradora para formalizar la póliza-, por lo que les están vendido algo a lo que ya tenían derecho como ciudadanos de la UE.

Cada día, en las zonas costeras españolas, 800 turistas británicos utilizan los centros sanitarios privados convencidos de que su póliza médica les cubre los tratamientos que requieren. Según la Alianza de Sanidad Privada Española (ASPE), -que lleva tres años denunciando esta situación-, el coste medio de la atención puede ser de hasta unos 4.000, por lo que el fraude anual a los centros sanitarios privados se sitúa entre los 75 y los 110 millones de euros.

Los británicos constituyen el primer mercado de origen hacia el Archipiélago, con más de cinco millones de visitantes al año, por lo que en las áreas turísticas de Canarias hay hospitales como San Roque Meloneras, Hospiten Sur o Quirónsalud Costa Adeje que han sufrido casos de este tipo. Sebastián Sansó, gerente del Hospital Universitario San Roque Maspalomas, explica que a sus instalaciones han llegado dos pacientes afectados por el fraude. "Ninguno de los dos sufría una patología grave, por lo que uno decidió trasladarse a un centro público y el otro abonó de su bolsillo el tratamiento y después denunció a la compañía aseguradora", explica. La dolencia que ambos enfermos compartieron fue el desconcierto, porque la única explicación que podían recibir era la de los facultativos que les atendían y, además, se tenían que fiar de su palabra, ya que las aseguradoras se niegan a dar instrucciones por escrito.

Para David Medina, vocal de la Junta Directiva de ASPE, "lo más peligroso" es que cuando un paciente cae en un hospital que no tiene los medios para atenderle, su seguro se niega a trasladarlo a un centro en el que puedan ser tratados. "Tienen un equipo médico, a 2.000 kilómetros de la cama del enfermo, que nunca coge el teléfono a los médicos que lo están tratando, y que valora si el enfermo está o no en condiciones de ser desplazado", afirma Medina.

La ASPE también denuncia que una de las compañías implicadas en el fraude, Travel Insurance Facilities -intervenida por la Financial Conduct Authority (FCA), el equivalente británico de la Dirección General de Seguros española-, asegura a sus clientes que en los centros privados españoles les van a dar tratamientos que no necesitan y tienen médicos sin titulación. "Esto afecta negativamente a la imagen de los hospitales, pero también a la marca España", concluye el vocal de la Alianza.

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