Treinta y tres barcos con base en Canarias ya han solicitado licencia para faenar en las aguas de la costa vecina a partir del lunes. La entrada en vigor del acuerdo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos pone fin al impasse pesquero que surgió el pasado año a raíz de los reparos planteados por el tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al convenio anterior, que expiró el 14 de julio de 2018. La justicia europea falló que el tratado era válido, pero que no podría aplicarse al Sáhara Occidental ni a sus aguas adyacentes, justo la zona a la que se desplazan la mayoría de las embarcaciones canarias. Dicha sentencia obligó a cambiar el mandato negociador del bloque comunitario por no incluir, entre otros aspectos, beneficios para la población local. Superado este escollo y el proceso de negociaciones, el convenio pesquero se pone en marcha más de un año después del cese del anterior con la inclusión de las aguas del Sáhara.

El acuerdo, que incluye mejoras para la operatividad de los barcos -como una mayor flexibilidad para el cumplimiento de la obligación de desembarque en los puertos marroquíes-, se prolongará por cuatro años. La reedición del tratado pesquero entre Bruselas y Rabat beneficia principalmente a la flota española, en especial a la de Canarias, Andalucía y Galicia. De las 138 licencias a repartir en el bloque comunitario, España acapara 92. Veintitrés atuneros cañeros con base en el Archipiélago han demandado permisos para la pesca de túnidos tropicales y otros diez barcos artesanales, también con atraque en las Islas, han pedido autorización para la captura de especies demersales. A estas treinta y tres embarcaciones se suman otras doce licencias que, en principio, irán destinadas a barcos arrastreros de altura y palangre de fondo de Galicia y Canarias. Los pescadores isleños no emplean este tipo de técnicas para llevar a cabo su actividad, pero algunos barcos con puerto base en el Archipiélago pertenecen a armadores y asociaciones con domicilio social en la comunidad gallega, según especifica la Secretaría General de Pesca.

Completan el reparto otras veintidós licencias que han sido requeridas por los barcos de cerco artesanales del Golfo de Cádiz para la pesca de anchoa y sardina, mientras que otras veinticinco embarcaciones de palangre de fondo artesanal procedentes de la misma zona han pedido permiso para la captura de especies demersales.

La flota canaria que se desplaza hasta la costa vecina ve en este acuerdo una puerta abierta para complementar los beneficios de su actividad. Más aún tras la larga espera para poder faenar en el banco sahariano. Por las dimensiones de sus embarcaciones no pueden moverse más allá de esta zona, como sí hacen el resto de barcos del país para impulsar su actividad.

La entrada en vigor del acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea se produce en un año en el que los barcos isleños -que por vez primera contaban con límite de capturas por tipo de buque y tamaño- no consumieron la totalidad de la cuota de atún roja del Archipiélago. Los atuneros dejaron de pescar en torno a un tercio del cupo -130,4 de las 438,5 toneladas-, algo que no había sucedido antes por la raquítica asignación con la que siempre contaba Canarias desde que en 2007 se impuso el sistema de reparto por cuotas para garantizar la preservación de la especie.