Llegar a la edad de jubilarse y, por distintas causas, no poder hacerlo con el total de la pensión. Esa es la situación en la que se encuentran alrededor de 120.000 trabajadores autónomos en nuestro país y que continúan activos más allá de los 65 años. Son datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que denuncia asimismo la diferencia con la pensión de jubilación de un asalariado: de media, algo más de 500 euros. Una situación global que comprende, a su vez, distintas situaciones particulares y que, además, se ve agravada por la brecha de género, ya que en el caso de la mujer esa distancia es aún mayor.
El informe de UPTA, con datos del Ministerio de Trabajo, estiman que la pensión media de jubilación de un autónomo es de 760 euros, mientras que la de un asalariado está establecida en 1.283 euros. En términos de pensión media, incluyendo las distintas categorías de la misma, la de los autónomos quedó establecida a finales del pasado mes de mayo en 684 euros mientras que las de trabajadores vinculados al régimen general fue de 1.090 euros.
Existen distintas circunstancias alrededor de este fenómeno. Para el 30% de ese colectivo, la decisión se fundamenta en el hecho de que la cuantía de la pensión, que en muchos casos apenas alcanza los 600 euros de media, no les permite abandonar su actividad, ya que, como indica Eduardo Abad, presidente de UPTA, han cotizado en las bases mínimas y accedieron al sector de trabajadores autónomos a una edad en la que el cómputo de los años calculados no les ha permitido acumular la vida laboral suficiente para percibir el tope de pensión.
"Los sectores en los que más se estira la carrera profesional son el comercio, la hostelería y los servicios. Son personas que se encuentran en una edad en la que les cuesta mucho mantener el ritmo de la competitividad laboral. Mientras los demás trabajadores disfrutan de su merecido descanso, tenemos a miles de autónomos que se ven obligados a alargar su vida laboral hasta prácticamente los 70 años", añade Abad.
En concreto, según los datos de UPTA, 31.005 de estos autónomos están en el sector del comercio, seguidos por trabajadores agrícolas (12.658) y hostelería (9.728). Espacios laborales donde la presencia de la mujer es mayor, lo que deja aflorar otro problema. Una autónoma recibe de media 219 euros menos que su compañero de régimen.
Luego concurre el caso de los autónomos que permanecen por propia iniciativa -aproximadamente un 20% del total-, acogiéndose a la figura de la 'jubilación activa', lo que les permite seguir trabajando y cobrar una pensión, aunque por lo general la mitad de lo que les correspondería con el máximo. Esta reforma se introdujo en 2013 en el primer Gobierno de Rajoy, pero no termina de despegar. Se trata de trabajadores pertenecientes a sectores como la medicina, la ingeniería y la abogacía. Empleos de mayor exigencia intelectual que física y desempeñados por trabajadores cuya experiencia es requerida todavía en el mundo laboral.
Es el caso de Vicente Moncholí, un ingeniero electrónico de 70 años especializado en el campo del derecho y la privacidad digital. A sus 70 años, este valenciano afincado en Sevilla desde hace tres décadas sigue dirigiendo su consultora. El impacto de la crisis económica sobrevino a Moncholí con varios empleados a su cargo y varias obligaciones financieras pendientes de amortizar. Circunstancias que, unidas al deseo de transferir la empresa a su hijo una vez se encuentre listo para ello, desembocaron en su decisión de seguir trabajando acogiéndose a la jubilación activa, que le permite compaginar empleo y una pensión del 50%.
"Los trabajos con retos intelectuales te obligan a actualizarte. Yo podía acogerme al máximo en la pensión de jubilación, pero no quería cerrar la empresa. Mi deseo es seguir trabajando dos o tres años más e ir transfiriendo responsabilidades poco a poco, de manera que mi hijo pueda coger el relevo", explica Moncholí. Desde UPTA, su presidente Eduardo Abad reclama que se pongan en marcha incentivos fiscales que puedan aumentar las bases de cotización y regularizar las mismas en el último mes del año. De esa manera, se destinarían las ganancias obtenidas en el ejercicio a mejorar las prestaciones futuras.
