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Fuerteventura se moviliza para evitar el cierre parcial del hotel Oliva Beach

Cabildo, Ayuntamiento de La Oliva, vecinos y trabajadores tramitan una petición de reunión con Costas. El presidente Ángel Víctor Torres realiza gestiones en Madrid

Imagen del hotel Oliva Beach, en Fuerteventura. LP/DLP

Fuerteventura se moviliza para evitar el expediente de regulación de empleo (ERE) y posible cierre del hotel Oliva Beach ante la falta de respuesta de Costas para su rehabilitación. El Cabildo insular, el Ayuntamiento de La Oliva, la plataforma vecinal de apoyo a los trabajadores y el comité de empresa están constituyendo una comisión conjunta para solicitar una reunión con la Dirección General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica, a fin de conocer de primera mano la situación real del expediente administrativo y qué obstáculos impiden que salga adelante. Junto a esta actuación, el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, realizará este martes gestiones en Madrid en relación con la situación del Oliva Beach. También el presidente del Cabildo majorero, Blas Acosta, está en contacto con la empresa Riu, propietaria del hotel.

La cadena hotelera ha llegado al colmo de su paciencia ante la falta de respuesta. Águeda Borges, responsable de los servicios jurídicos del grupo mallorquín en Canarias, responsabiliza directamente a las administraciones públicas competentes "que no han sabido dar una respuesta ágil a este expediente, habiéndoles puesto sobre aviso de lo perentorio e importante que es para Fuerteventura, para Canarias y para el sector turístico".

Pero la irritación de Borges se centra sobre todo en la Demarcación de Costas de Canarias y en la Dirección General del Ministerio para la Transición Ecológica, organismo que tiene que aprobar la solicitud del proyecto de rehabilitación para que después el Ayuntamiento y el Cabildo puedan otorgar las licencias correspondientes. La también responsable de Relaciones Institucionales de Riu critica la "opacidad" que ha existido desde el primer momento por parte de Costas y los impedimentos puestos para que la empresa pueda acceder al expediente. En este sentido, incluso acusa al organismo en Canarias de "rayar en la falsedad" en un informe que se remitió a Madrid y en el que el departamento advierte que el proyecto no tiene encaje e incumple la concesión para ocupar el dominio público que fue otorgada a la empresa hotelera.

Sin incrementos

La dirigente de Riu explica que ni se incrementa el volumen edificatorio ni se reconstruye las demoliciones previstas en el proyecto. "Hemos hecho lo que nos dijeron para cumplir la Ley de Costas, no hay cambio de la foto fija del establecimiento sino una redistribución interna que no afecta en nada al dominio público", añade Borges.

La situación ha llegado al punto de que Riu acumula pérdidas por 1,2 millones de euros mientras paga un cánon cercano a los dos millones anuales a Costas, además de casi dos años de trámites y esperas, cancelación de reservas, un hotel que se ha quedado obsoleto y un nuevo invierno en el que tampoco va a poder funcionar a pleno rendimiento.

El comité de empresa y la plataforma en defensa de los trabajadores están a la espera de la reunión convocada por la empresa este miércoles en las instalaciones del establecimiento para informarles de los detalles del ERE que se plantea y los informes técnicos y económicos. Los auditores de la empresa ultiman el informe que justifica la necesidad de acometer un ERE que puede suponer el cierre parcial del hotel y de la zona de apartamentos y el impacto directo sobre los empleos de determinados departamentos como consecuencia del bloqueo de las instituciones, la caída de ingresos y el estado de obsolescencia.

La plantilla del alojamiento, compuesta por 383 trabajadores, lamenta que no hayan habido avances a pesar de que han habido contactos al más alto nivel. El pasado mes de abril, en plena campaña electoral para las elecciones generales, representantes del comité de empresa, de los sindicatos y de la empresa se entrevistaron con la vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo, que mostró interés por el asunto con el fin de agilizarlo ante el Ministerio. Sin embargo, tres meses después los avances han sido escasos y las advertencias que había lanzado la empresa sobre la sombra de un ERE están a punto de cumplirse.

A ese respecto, el secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, uno de los sindicatos presentes en el comité de empresa, ha pedido a Riu "paciencia" y "cautela" ante la decisión de realizar una regulación de empleo extintiva porque se está poniendo en juego los puestos de trabajo y el futuro de un hotel emblemático para el norte de Fuerteventura y también para Canarias.

Los sindicatos y representantes de los trabajadores no sólo pidieron en su momento la mediación de Calvo y de otras autoridades políticas, sino también la del presidente del Consejo Económico y Social, Blas Trujillo, con el fin de intentar desatascar la situación del expediente.

Por parte de la Delegación del Gobierno en Canarias, fuentes de la misma aseguraron el lunes que han habido contactos entre la Dirección General de Costas y la empresa para remitir una documentación que se le ha solicitado a Riu. La misma está siendo estudiada por los técnicos y se está a la espera de un informe jurídico.

Asimismo, el PP de Fuerteventura reclamó este lunes que el PSOE dé una solución "inmediata" al proyecto de rehabilitación del hotel Oliva Beach y lamentó que sus trabajadores se vayan a ver ahora afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa.

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