La proximidad de la materialización del brexit -31 de octubre- ha llevado al Gobierno de Canarias a tocar a rebato para intentar salvar al sector hortofrutícola. Castigado por la dificultad que supone competir con la producción del continente -por la lejanía- y la de terceros países -con costes laborales muy inferiores- las ayudas europeas que recibe resultan vitales. El abandono del proyecto común por parte del Reino Unido acaba, al menor por el momento, con ellas.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Román Rodríguez; la consejera de Economía, Carolina Darias; la de Agricultura, Alicia Vanoostende, cinco viceconsejeros, tres directores generales y varios técnicos se citaron ayer en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife -conexión por videoconferencia- para, en palabras de Rodríguez, "perfilar propuestas concretas" que salven de la puntilla al campo canario.

En el momento en que se consume el brexit, Reino Unido pasará a ser considerado un tercer país. Como tal, ni las ayudas al transporte ni las que se destinan a la comercialización tendrán cabida ya.

La pérdida de las primeras supondrá el encarecimiento en nueve céntimos por kilo. En la campaña finalizada en mayo se exportaron desde las Islas 51.362,5?toneladas de tomate. El 40,9% de dicha cantidad-21.007,3 toneladas- tuvo como destino Gran Bretaña, con lo que los productores del Archipiélago dejarían de contar con 1,9 millones de euros en ayudas, suma que tendrían que repercutir en el precio de venta, lo que les alejaría de los parámetros competitivos.

Las subvenciones que reciben para colocarles en igualdad de condiciones con los puntos de la Europa continental que también producen pero pueden trasladar la mercancía por carretera ascendieron el pasado año a 3,3 millones de euros. Aplicando esa misma proporción del 40,9%, se esfumarían 1,3 millones más.

El anterior Gobierno regional ya informó a Madrid del grave problema que se genera a una actividad de la que viven alrededor de 6.000 familias en las Islas. Hasta la fecha no ha habido respuesta y el actual gabinete se propone retomar el contacto con Madrid para elevar a Bruselas iniciativas que permitan la continuidad de la agricultura canaria de exportación.

"Tenemos que buscar excepciones", señaló el vicepresidente Rodríguez. Las armas con las que cuenta el Archipiélago son su condición de región ultraperiférica (RUP) y la "tradicional relación" comercial que las Islas mantienen con el Reino Unido. Desde ese punto de inicio, el Ejecutivo planteará la instauración de "mecanismos alternativos" que posibiliten a los productores hortofrutícolas mantener el actual nivel de apoyo público.

Una de las vías que se maneja es el incremento de las ayudas a la producción. En los últimos años, los ingresos a través de esa figura han crecido desde los 7.000 hasta los 15.000 euros por hectárea. La subida se alcanzó tras la constatación, informe de la Universidad de La Laguna mediante, de que mantener la actividad no era posible sin ella.

"Si no conseguimos mantener el nivel actual, el sector lo va a tener complicado", señaló el vicepresidente del Gobierno canario. La pérdida de empresas y hectáreas cultivadas ha sido constante en las últimas décadas, precisamente por la dificultad creciente a la hora de conseguir réditos.

A los obstáculos estructurales se unen otros derivados del cambio climático. Este año los envíos al continente cesaron inusualmente temprano, el 5 de mayo se cargaron los últimos palés. Las temperaturas se elevaron pronto en Europa, lo que permitió la maduración de los tomates. La consecuencia inmediata fue una sobreoferta en los mercados que impidió la entrada a la producción canaria.

El volumen exportado se mantuvo prácticamente sin variación con respecto a un año antes y eso a pesar de que cuatro compañías cerraron sus puertas en ese tiempo. Por tanto, menos hectáreas plantadas y cierre temprano de la campaña no fueron suficientes para torcer el rumbo.

Precisamente el aprovechamiento de las ayudas a la hectárea es el factor que el sector defiende como clave para conseguir ese hito. "El problema con las cosas que solo afectan a Canarias es que primero hay que explicarlas", señaló Román Rodríguez, quien, no obstante, se mostró esperanzado.