La morosidad entre sociedades mercantiles -el pago de sus facturas con retraso- crece en la mayoría de las regiones españolas, y Canarias está muy lejos de ser una excepción. Las firmas del Archipiélago son -tras las de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- las que más tardan en abonar sus compromisos, superando en casi 20 días el plazo pactado en el momento de formalizarse la operación. Pagar con puntualidad no es la regla, sino más bien la excepción: solo una de cada tres empresas de las Islas -el 33,7%, más concretamente- lo hace.
La consultora Informa D&B, filial de la compañía de asesoramiento en crédito comercial Cesce, ha publicado un "macroestudio" -así lo describe- que analiza con detalle la situación de la morosidad empresarial al terminar el pasado año y constata que, tras seis años de descensos continuados, las demoras en los pagos han empezado a repuntar desde finales de 2017.
Los propios empresarios atribuyen esta evolución al alza a, entre otros factores, la dificultad que encuentran para acceder a financiación. Si bien es cierto que el grifo del crédito no está cerrado como cuando la crisis bancaria amenazó incluso al propio sistema, también lo es que las exigencias que se imponen a las entidades por parte de los reguladores les impiden prestar en muchos casos.
Los riesgos deben estar perfectamente controlados y, además, la banca se haya inmersa en un cambio de paradigma. Al calor de las nuevas tecnologías, el sector persigue una rentabilidad que se hace más difícil aún en un duradero escenario de muy bajo precio del dinero.
Los datos del estudio, correspondientes al último trimestre del pasado año, revelan que más de la mitad de los negocios de las Islas -el 53,3%- tardan hasta treinta días por encima del periodo establecido en pagar sus facturas. Las que se retrasan entre 31 y 60 días son el 5,2%, mientras que un 1,8% se demora entre 61 y 90 días, un 2,4% lo hace hasta 120 días y un 3,5% efectúa sus pagos por encima de ese último plazo.
Aragón, ejemplo a seguir
En el extremo contrario se sitúa Aragón, la comunidad autónoma que exhibe una proporción más elevada de abonos puntuales, un 55%. Otras siete regiones españolas presentan niveles de pagos dentro de plazo superiores a la mitad del total. Se trata de Cantabria, Castilla y León, Navarra, Asturias, La Rioja, País Vasco y Galicia.
En cuanto a la evolución de los retrasos medios, Canarias encabezó el incremento generalizado que se produjo en España entre el tercer y el cuarto trimestre de 2018. El aumento -de 1,1 días- lleva la demora en que incurren las empresas isleñas a la hora de hacer efectivas sus facturas hasta los 19,7 días sobre el plazo medio pactado para hacerlo, que es de 74,8 días. Eso supone que, como promedio, las firmas de Canarias tardan cerca de 95 días en pagar, más de seis por encima que las del conjunto de España (88,6), según el estudio de Informa D&B.
Esos 19,7 días de retraso que se registran en el Archipiélago suponen la demora más alta de todo el país -a excepción de los que se dan en Ceuta y Melilla- y casi tres días mayor que el de la siguiente autonomía en el ranking, Extremadura (16,7 días). En relación al mismo periodo de 2017, el mayor incremento se ha producido en Baleares -2,6 días más-, solo por detrás, de nuevo, de las ciudades autónomas.
En cuanto a las causas que explican la morosidad, un 38% de los empresarios encuestados la achaca a problemas financieros. Un 29% alegan trabas u obstáculos administrativos, mientras que una considerable proporción de los consultados -un 23%- sostiene que las demoras son intencionadas. Cerca del 10% del total atribuye los retrasos a problemas relacionados con la propia actividad comercial.
