La salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) amenaza con dar el tiro de gracia a la exportación hortofrutícola canaria. En realidad es solo la última, y muy grande, amenaza para un sector que vivió sus últimos días de gloria a mediados de los noventa. Plagas, acuerdos de la UE con terceros países, incumplimiento por parte de las administraciones del régimen de ayudas y hasta sentencias millonarias posteriormente revocadas han dibujado un escenario de pánico en el que todavía resiste un cada vez más reducido grupo de productores.

El brexit golpea con dureza el régimen de subvenciones actual. El pasado año se exportaron desde el Archipiélago 51.362,5 toneladas de tomate. Según datos de la Federación de Exportadores Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex), el 40,9% de ellas (21.007,2 toneladas) tuvieron como destino final el Reino Unido.

Los productores reciben 15.000 euros por cada hectárea plantada bajo el compromiso de cumplir planes de innovación dirigidos a incrementar la eficiencia de la producción. Además, se reparten anualmente más de tres millones de euros para impulsar la comercialización, siempre que sea en países de la UE.

Aquí empiezan, pero no terminan, los problemas. Si tomamos la estadística de la última campaña, cerrada en abril de este año, cuatro de cada diez euros destinados a mejorar la penetración del tomate de las Islas en los mercados foráneos, se esfumarían. A esa pérdida de competitividad, se uniría la ausencia de la subvención del Ministerio de Fomento para el transporte de la mercancía hasta el continente europeo siempre que la última parada sea una Gran Bretaña ya fuera del proyecto común.

Los productores dieron la voz de alarma hace ya varios meses. El anterior Gobierno canario puso el problema en conocimiento tanto de Fomento como del Ministerio de Agricultura. Corría el mes de abril y desde entonces ha habido unas elecciones generales y la imposibilidad de formar un nuevo Ejecutivo. Dos claves para entender el clamoroso silencio de Madrid.

Un mínimo respiro

La consejera autonómica de Agricultura, Alicia Vanoostende, quiere retomar los contactos esta misma semana. El ascenso de Boris Johnson en Reino Unido y su declarado amor al brexit sin acuerdo tornaron más intenso el rojo de las alarmas en el campo canario. Los varapalos cosechados la pasada semana por el inquilino de Downing Street han dado un pequeño respiro, pero en absoluto el viento ha soplado lo suficiente como para arrastrar lejos los nubarrones.

La estrategia que seguirá el Gobierno regional, y así lo han desvelado sus responsables, será la de intentar deslizar las ayudas a la comercialización hacia las que se perciben por hectárea plantada. Tiene lógica, si bien Europa no tiene por qué incentivar el comercio entre un estado miembro y otro que no lo es -Reino Unido cuando salga-, lo cierto es que la actividad agrícola no puede ni debe cesar.

Hay más argumentos para lograr mantener las ayudas mediante el trasvase. Un estudio realizado hace dos años por la Universidad de La Laguna (ULL) señala que sería necesario situar "en niveles próximos a los 19.000 euros" la ayuda a la hectárea "para compensar el diferencial de costes estimado con respecto a la producción de Almería". Si la comparación se establece con Marruecos, país con el que es imposible competir por costes, el mismo documento señala que habría que llegar a 37.500 euros.

El problema generado por el brexit tiene la dimensión de tormenta que descarga sobre mojado, porque el sector está herido desde hace tiempo. Se entiende claramente al observar que en la campaña 2002-2003 la superficie plantada alcanzó las 1.657 hectáreas y en la última tan solo 540. Dos tercios del suelo para el cultivo de tomate han sido barridos por una sucesión de problemas.

Para empezar, la primera década del siglo dejó una colección de plagas: el virus de la cuchara, el bronceado del tomate, el virus del mosaico, el del amarilleo, la mosca blanca, la minadora, el trip, el ácaro rojo y, más recientemente, la polilla del tomate ( tuta absoluta). Hubo que optar por variedades más resistentes, pero también menos productivas.

Otro gran golpe lo suponen los acuerdos comerciales suscritos con Marruecos y extendidos después a Túnez, Turquía y Egipto. Los productores canarios exigieron, al amparo del Tratado de Lisboa, un estudio de impacto económico y las correspondientes compensaciones al resultarles imposible competir por costes. No tuvieron éxito.

Los precios del agua o del transporte, por ejemplo, no cesan de crecer, mientras que en los últimos quince años los precios de venta no lo han hecho. Además, las ayudas al traslado de la mercancía al continente llegan a destiempo, lo que conduce al endeudamiento y a la asunción de unos costes financieros que aprietan aún más la soga.

Y a rezar para que no llegue otra crisis económica que termine de la noche a la mañana con las ayudas comprometidas con el sector, que en 2014 salió a la calle para el mantenimiento de cerca de 6.000 empleos. Ahora el brexit amenaza con dar la puntilla.