"Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden". Es su grito de guerra, pero el problema es que aún no hay un Ejecutivo operativo que vele por ellas. Los jubilados lamentan que a estas alturas del año no tengan respuesta a sus peticiones y todavía se desconozca, a escasos meses de finalizar el ejercicio, cuánto van a cobrar en 2020. La celebración de unas nuevas elecciones generales -las cuartas en cuatro años y las segundas estatales en siete meses- alarga la situación de interinidad política y acota la iniciativa legislativa del Gobierno central. La revalorización de las pagas queda, por tanto, en el aire. Y si no se blinda para el próximo año una subida igual al índice de Precios al Consumo (IPC), los pensionistas canarios perderán unos 30,8 millones.
Los jubilados volverán a tomar las calles el 16 de octubre, en una macroconcentración en Madrid frente a las puertas del Congreso, pero también en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Lo harán para reclamar una subida de sus pagas con arreglo a la evolución del IPC. No quieren perder poder adquisitivo y sí que se entierre de forma definitiva el alza del 0,25%, una fórmula matemática aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2013. Ésta tiene en cuenta las finanzas de la Seguridad Social, de tal modo que mientras reflejen déficit, las prestaciones solo podrían subir en esa proporción.
La desaparición de tres millones de cotizantes por la destrucción de empleo en los peores años de la crisis económica llevó al Ejecutivo central de entonces a limitar la revalorización de las pagas. La regla del 0,25% se mantuvo hasta 2017. Un año después, a raíz del acuerdo presupuestario entre el PP y PNV, se puso en suspensión la reforma de las pensiones de 2013 para incluir en las cuentas estatales una revalorización de acuerdo al incremento del IPC. Para 2019, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez (PSOE) siguió esta misma línea a través de un decreto, con lo que garantizaba que un año más las pensiones estuviesen ligadas al IPC.
Ahora todo cambia. Ante la falta de acuerdo de los partidos para formar Gobierno, el Ejecutivo central en funciones se ve limitado, pese a que el Ministerio de Trabajo confía en actualizar la pensión en 2020 con el IPC real y se evite, así, aplicar la subida del 0,25% a partir de enero. Si se tiene en cuenta que la nómina para los pensionistas canarios para este año será de unos 4.107 millones de euros, ésta se incrementaría en 41,07 millones si se liga la revalorización de las pagas al IPC, dado que la última previsión de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) para el próximo ejercicio es que la inflación sea del 1%.
Ahora bien, si la regla del 0,25% sigue vigente en enero, la subida sería de 10,27 millones. Es decir, existe una diferencia de 30,8 millones entre la aplicación de una fórmula u otra. A esto se suma que la pérdida estimada, en caso de que no se aten las pensiones al Índice de Precios al Consumo, no tiene en cuenta el posible aumento superior para las prestaciones más bajas: las mínimas y las no contributivas. Es decir, que no contempla el incremento del 3% aplicada en 2018 y 2019 a dichas prestaciones.
Blas Padilla, portavoz de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Gran Canaria, lamenta que los partidos políticos no hayan sabido gestionar el voto del 28 abril. "Se van a presentar las mismas caras, ¿qué nos garantiza que ahora van a saber gestionarlo?", se pregunta. Asimismo, Padilla reivindica el papel de los jubilados para representarse a sí mismos en las negociaciones con el Gobierno y no a través de los sindicatos.
