El Banco Europeo de Inversiones (BEI) bloquea la financiación concedida a Redexis para el despliegue del aire propanado en el Archipiélago ante el parón judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló de forma parcial en marzo de 2018 el decreto por el que se rigió la concesión de los proyectos de gas ciudad en las Islas. Redexis, con proyectos en ocho municipios, y Gas Natural, con planes en otros dos, fueron las únicas adjudicatarias. DISA, que quedó fuera de la licitación, recurrió el proceso. El Alto Tribunal canario -que afeó, entre otras cuestiones, que se primaran factores que pudieran incidir en el encarecimiento del precio de la factura- estimó de forma parcial su petición y tanto el Ejecutivo regional anterior como Redexis interpusieron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Debido a este embrollo judicial, el BEI, que había concedido a Redexis un crédito por 125 millones de euros para la penetración de las redes gasistas en España, ha cerrado la puerta a financiar los proyectos de las Islas ante la previsión de que el Supremo no emita sentencia antes de que finalice el año. Hay que tener en cuenta que el tiempo de inversión previsto en el contrato de financiación entre el BEI y el promotor abarca 2018 y 2019. Ante esta situación, la mercantil energética que preside el canario Fernando Bergasa ha optado por destinar los fondos -divididos en dos tramos de 50 y 75 millones- a los proyectos que tiene en cartera en otros puntos del país, como Murcia, Andalucía, Aragón o Baleares. El primer paquete financiero ya ha sido agotado y ahora está en disposición del segundo.

Redexis tenía previsto invertir en el Archipiélago 480 millones para la distribución de gas canalizado en Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Agüimes, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arona, Granadilla de Abona y Puerto de la Cruz. La multinacional energética, además de las inyecciones que recibe del BEI, cuenta con más de 1.735 millones de financiación externa provenientes de emisiones de bonos (1.150 millones) y de crédito bancario revolving (300 millones), entre otras fuentes. Con el proyecto en Canarias, la compañía tenía previsto desplegar más de 2.900 kilómetros de red subterránea y crear unos 700 puestos de trabajo directos e indirectos.

La posible entrada del aire propanado en el Archipiélago suscitó un intenso debate. Mientras que el Gobierno regional de Fernando Clavijo (CC) y las dos patronales canarias defendían la introducción de una nueva fuente de energía en la región -la Confederación Canaria de Empresarios y CEOE Tenerife sostenían que tendría un impacto favorable en la competitividad de la industria isleña-, otros organismos mostraron de forma abierta su total oposición. Fue el caso del Cabildo de Gran Canaria, que instó al BEI a retirar el préstamo que dio a Redexis al considerar que el desarrollo de este tipo de infraestructuras constituyen un obstáculo para la potenciación de las energías renovables en el Archipiélago.

El Mecanismo de Reclamaciones del órgano financiero estimó parcialmente en mayo la objeción elevada por el Cabildo grancanario en febrero de 2018 en contra de la concesión del crédito a Redexis. El BEI abrió una investigación sobre las alegaciones relativas a la viabilidad económica, medioambiental y social del programa concerniente a los proyectos planteados en Canarias, pero no sobre la coherencia del programa con los objetivos del Banco y de la UE, en particular a lo referido a la energía y a la mitigación de los efectos del cambio climático. El 10 de septiembre dio por concluida dicha investigación.

Debido a que las inversiones de Redexis en Canarias están pendiente de resolución judicial -al anularse parcialmente el decreto de adjudicación por parte del TSJC quedan anulados los procesos de licitación por los que se adjudicaron a la compañía gasista las licencias y permisos necesarios para su implementación-, sus proyectos "no podrán ser financiados dentro del periodo previsto en el contrato de financiación". Y a pesar de que el Cabildo expuso en un comunicado que ha pedido al BEI que no conceda tampoco a Redexis los 125 millones "para ningún proyecto contaminante" en la Península o en "cualquier otro lugar del mundo", las fuentes del BEI consultadas sostienen que "la parte de financiación correspondiente a Canarias se destinará a otros proyectos de inversión de Redexis en la península que cumplan con las condiciones del BEI".

El Ejecutivo regional liderado por Ángel Víctor Torres (PSOE) ya se ha desmarcado de la apuesta por la introducción del gas del Gobierno anterior. El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, aseguró la semana pasada en una comparecencia ante el pleno que el gas "no será una alternativa en las ciudades".