El moderado pero constante ascenso que ha experimentado la construcción en Canarias desde que empezó la recuperación económica da síntomas de agotamiento. El sector ha interrumpido el ciclo de crecimiento del empleo iniciado en 2014, de forma que el Archipiélago se convierte en una de las seis comunidades en la que la cifra de trabajadores en las actividades constructivas ha retrocedido durante el último año, si bien la situación no afecta de igual manera a las dos provincias.

Mientras que en Santa Cruz de Tenerife la ocupación ha bajado casi un 20% (6.100 trabajadores menos), Las Palmas ha experimentado un incremento cercano al 29% (5.600 menos). Pese a este desigual comportamiento, la percepción de ambas patronales provinciales es la de que una serie de factores, encabezados por la "parálisis institucional" y los obstáculos administrativos, impiden a los empresarios "despegar" en lo que se refiere a la generación de puestos de trabajo.

Los datos proceden de la Encuesta de Población Activa (EPA) y han sido utilizados por la empresa de trabajo temporal Randstad para trazar la evolución del empleo en la construcción desde los primeros momentos de la crisis hasta mediados de 2019, con una parada en los primeros seis meses del año pasado, cuando el sector registraba 500 ocupados más que en el actual (50.200 frente a 49.700). La caída es modesta -un 1%-, aunque llama la atención en un contexto, el del conjunto del país, en el que las cifras han crecido un 5% entre el segundo trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2019.

Los datos apuntan a un desequilibrio entre provincias, pese a que la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), María de la Salud Gil, advierte de que "las estadísticas no son, en este momento, la forma de medir la salud del sector". A su homólogo en Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, en cambio, le parece que las cifras revelan una tendencia de la que la organización que preside ya había alertado y que, a su juicio, "se ha profundizado" durante los meses de verano. "Entre julio y agosto se han perdido unos 600 puestos de trabajo en la provincia", asegura el máximo dirigente de Fepeco.

"El sector está en disposición de crear empleo, pero la inversión privada se ha ralentizado por la inestabilidad política y, por otro lado, hay una parálisis institucional como consecuencia de las elecciones. Son dos elementos que no nos permiten despegar", argumenta Salud Gil. La presidenta de la patronal grancanaria coincide con el de la tinerfeña en señalar también las trabas administrativas como una de las causas que lastran el desarrollo de las actividades constructivas. Según Izquierdo, "las oficinas técnicas municipales no funcionan" y actúan como "un verdadero obstáculo burocrático imposible de salvar". Gil asegura, en este sentido, que los ayuntamientos "tardan un año y medio en conceder una licencia".