El Defensor del Pueblo, el histórico socialista Francisco Fernández Marugán, ha afeado la normativa canaria que impide a los propietarios de apartamentos dar a estos inmuebles el uso que libremente decidan. Así lo ha hecho constar en una misiva dirigida a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), organización que le solicitó amparo en diciembre del año pasado.
La institución de defensa de los derechos de los ciudadanos ha remitido una serie de recomendaciones a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, todas ellas tendentes a instar una modificación normativa que permita a los propietarios elegir libremente el uso que dan a sus propiedades.
Entre ellas, levantar la exclusión de la utilización como residencia de apartamentos incluidos en complejos que mantienen la actividad turística. En una primera lectura, el presidente de la PALT, Blas Padrón, y su vicepresidenta, Maribe Doreste, señalaron ayer en un comunicado que la decisión del Defensor del Pueblo hace "volar por los aires la legislación turística canaria, por considerar que su articulado va en contra de derechos básicos defendidos por la Constitución".
La resolución firmada por Fernández Marugán indica la necesidad de cambiar las actuales leyes y sustituir el articulado por otro "respetuoso con el derecho de propiedad, la libertad de empresa y las competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias".
Hasta el momento en que se acometan esas modificaciones, Fernández Marugán recomienda la suspensión en la aplicación de las normas que han soliviantado a los propietarios que no quieren dar un uso turístico a sus propiedades sino residencial.
El marco normativo que restringe los usos en los apartamentos de los núcleos turísticos se fundamenta en la potencial pérdida de calidad que pierde el destino al mezclar el modo de vida de quienes vienen a descansar y el de los que residente de forma permanente.
