El Gobierno de Canarias aplaza, por un periodo de doce meses, las cuotas devengadas por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y no satisfechas por las entidades integradas en el grupo empresarial Thomas Cook. Una medida que entró ayer en vigor y que pertenece al conjunto de acciones que el Ejecutivo autónomo ha puesto en marcha para reducir los perjuicios económicos derivados de la caída del turoperador británico en la madrugada del 23 de septiembre.
Con esta orden se regula la concesión del aplazamiento, con 'dispensa de garantía', de determinadas cuotas respecto de aquellas empresas cuya situación económica-financiera les impida "de forma transitoria" efectuar el pago dentro de los plazos establecidos en la normativa del impuesto canario. La 'dispensa de garantía' conlleva que el Gobirrno investigará la existencia de bienes o derechos susceptibles de ser aportados en garantía del aplazamiento.
Periodos de liquidación
Los aplazamientos se corresponderán con las cuotas que coresponden a las liquidaciones del tercer y cuarto trimestre de este año y en los periodos de liquidación mensual de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y se concederán, previa solicitud del sujeto pasivo.
Los solicitantes deberán presentar copia de las facturas en las que consten las cuotas repercutidas y no satisfechas.
El contenido de la orden no se aplicará para los casos en los que las empresas estén acogidas al régimen especial del criterio de caja del IGIC, es decir, aquellos sujetos que ingresan los impuestos a sus facturas en el momento en que se han cobrado y pagado, y no en el momento en que se emite.
La orden fue firmada el pasado 17 de octubre por el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, pero el texto final fue publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Una medida que empresarios y hoteleros de las dos provincias canarias pedían para recuperarse y poder atender las obligaciones salariales, ya que prevén que el invierno ´-temporada alta en Canarias- será un periodo lastrado por las perdidas económicas. El Gobierno reconoció desde el principio la necesidad de apoyar a las empresas de las Islas con este tipo de medidas para fomentar la recuperación de sus tesorerías, ya que en algunas empresas las facturas que quedan sin pagar como consecuencia de la quiebra del turoperador llegan al medio millón de euros.
En las bases que motivan la orden, el Ejecutivo recuerda que la quiebra de Thomas Cook ha supuesto un fuerte impacto económico en las empresas del sector turístico en España, en general, y en Canarias, en particular. Y se especifica que la situación ha sido reconocida por el Real Decreto-Ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial. Dentro de la pérdida de liquidez, se reconoce la especial importancia de las cuotas del IGIC repercutidas por las empresas canarias a entidades integradas en Thomas Cook y que haya resultado impagadas.
